La Iglesia volvió a rechazar la baja de la edad de imputabilidad y pidió un abordaje integral

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En el marco del debate nacional por la reforma del régimen penal juvenil y la posible baja de la edad de imputabilidad, la Iglesia Católica reiteró su rechazo a la iniciativa impulsada por el Gobierno y reclamó una respuesta que contemple las causas profundas de la problemática, más allá del endurecimiento de las penas.

Luego de que el Ejecutivo decidiera incorporar el proyecto a la agenda de las sesiones extraordinarias del Congreso, la Comisión Episcopal de Pastoral Social volvió a poner en circulación el documento “Más oportunidades que penas”, difundido en marzo de 2025, en el que advierte que la inseguridad no puede abordarse únicamente desde una lógica punitiva.

En uno de los pasajes centrales del texto, la Iglesia sostiene que “es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas”, y remarca que “la solución de fondo es mucho más compleja que bajar la edad de imputabilidad, requiere un abordaje integral, profundo y a largo plazo” para el cual “es necesaria la grandeza política”.

Los obispos recuerdan además que, de acuerdo con estadísticas oficiales, “los menores no son los que más delitos cometen”, aunque reconocen que los hechos de “violencia extrema” generan “situaciones dolorosas” que impulsan propuestas que colocan el foco casi exclusivamente en los adolescentes, “como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos”.

A esta postura se sumó recientemente la Conferencia Episcopal Argentina, que difundió el documento “Para los jóvenes, más educación y más comunidad”, firmado por los arzobispos de Mendoza, Córdoba, Jujuy y San Isidro. Allí se cuestiona que la imputabilidad sea presentada como la principal respuesta del Estado frente a hechos de inseguridad que conmueven a la sociedad.
En ese texto, la Iglesia advierte que “centrar el debate casi exclusivamente en la pena deja en segundo plano lo que previene, educa y acompaña”, y alerta sobre el riesgo de simplificar una realidad que involucra a la familia, la escuela, la comunidad y al propio Estado.

Causas sociales y responsabilidades del Estado

Desde Pastoral Social también se señala que la problemática de la delincuencia juvenil está atravesada por factores estructurales como la falta de oportunidades, el narcotráfico y el consumo de drogas. En ese sentido, el documento sostiene que las drogas están destruyendo a los jóvenes y que “el consumo es una de las principales causas de la violencia”.

Además, se afirma que “la droga sigue penetrando fácilmente en nuestros barrios y pueblos” y que “si miramos la realidad, el narcotráfico en nuestro país, desde hace décadas, viene ganando territorio y ampliando sus negocios dejando tiradas y destruidas un montón de vidas y familias, particularmente jóvenes”.

Los obispos también hacen referencia a las falencias históricas de las políticas públicas y recuerdan que “la sociedad argentina viene padeciendo las consecuencias de administraciones políticas que no han sido capaces de crear una cultura del trabajo que incluyera a todos los habitantes”, lo que derivó en múltiples problemáticas sociales, entre ellas la inseguridad y la delincuencia juvenil.

En ese marco, plantean la necesidad de promover “una cultura del cuidado” que “garantice las condiciones para el desarrollo integral y pleno de cada persona”, especialmente de aquellos jóvenes que “crecen sin oportunidades de una buena educación o de una necesaria formación laboral, o de contención familiar o social”.

Debate penal juvenil

En relación con el debate legislativo, la Conferencia Episcopal volvió a plantear interrogantes ya formulados en 2025, como “¿Dónde van a recluir a los menores?”, “¿Qué dispositivos existen en las provincias?” y “¿Qué alternativas reales hay para educarlos y reinsertarlos socialmente?”, cuestionando la eficacia del encierro como respuesta al problema.

Finalmente, la Iglesia insistió en la necesidad de “un debate serio, un compromiso profundo y la grandeza de pensar políticas públicas a largo plazo y no solo medidas que pueden sonar bien en periodos electorales, pero que se quedan muy cortas”, y llamó a “vencer todo tipo de indiferencia, superar la cultura del descarte y llenar con propuestas superadoras el vacío que dejamos cuando evadimos nuestras responsabilidades como adultos”.

El documento concluye con un mensaje de esperanza, al señalar que “son tantos los adolescentes y jóvenes que nos inspiran esperanza y nos permiten creer que un futuro mejor es realmente posible si somos capaces de pensar en grande y de caminar juntos”.

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