El Gobierno nacional reglamentó este martes la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, aprobada por el Congreso en julio de 2025, luego de que un fallo judicial ordenara su implementación inmediata. La medida fue formalizada mediante el Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, e incluye la creación de un nuevo régimen de pensiones no contributivas para personas con discapacidad.
La decisión responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que declaró inválido un decreto anterior que había suspendido la ejecución de la ley por falta de financiamiento. La Justicia había fijado como plazo límite para su aplicación el miércoles 4 de febrero, por lo que la reglamentación llegó en las horas previas a ese vencimiento.
La norma establece los criterios de acceso al nuevo sistema de pensiones, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control. En los considerandos del decreto se subraya que el esquema deberá articularse con las políticas de inclusión laboral y con reglas de compatibilidad de ingresos, con el objetivo de fomentar la integración social y económica de las personas con discapacidad.
Además, el decreto incorpora a la Secretaría Nacional de Discapacidad dentro de la estructura del Ministerio de Salud, centralizando allí las políticas públicas vinculadas al sector. La cartera tendrá la responsabilidad de convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los criterios de evaluación socioeconómica, presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo de 30 días y dictar las normas complementarias necesarias para la aplicación del nuevo régimen.
Otro punto relevante es la conversión automática de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Para ello, la autoridad de aplicación deberá identificar, relevar y verificar las condiciones de las prestaciones alcanzadas.
Las medidas adicionales que se acuerden con el Consejo Federal de Discapacidad se implementarán mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con sus competencias y disponibilidades presupuestarias.
La reglamentación entró en vigencia el 3 de febrero de 2026, fecha en la que fue dictado el decreto.
