Braco señaló que se trata de una problemática que interpela a toda la sociedad, especialmente porque muchas personas han sido víctimas de hechos de violencia cometidos por menores. En ese sentido, remarcó que el dolor de quienes atraviesan esas situaciones es comprensible y debe ser respetado, pero advirtió que el debate no puede quedar reducido a una respuesta punitiva.
Desde la mirada de la Iglesia, explicó, bajar la edad de imputabilidad no representa una solución al problema de la delincuencia juvenil. Por el contrario, sostuvo que se trata de una discusión que requiere profundidad y una mirada integral. “Lo que hace falta es más oportunidades y más educación, no más castigos”, planteó, al tiempo que afirmó que el problema no se resolverá de manera automática modificando la edad penal.
El vocero del Arzobispado de Córdoba enumeró algunas de las causas que, a su entender, explican por qué muchos menores terminan involucrados en hechos delictivos. Entre ellas mencionó la falta de políticas públicas sostenidas, el retiro del Estado de los espacios comunitarios, la pérdida de centralidad de la educación, el avance del narcotráfico en los barrios y la facilidad con la que los jóvenes acceden a las drogas.
En ese marco, advirtió que si no se abordan esas problemáticas estructurales, bajar la edad de imputabilidad podría incluso agravar la situación. Señaló que muchos jóvenes que ingresan al sistema penitenciario no logran una reinserción social efectiva y, en muchos casos, salen en peores condiciones. “Terminan teniendo una escuela de delincuencia adentro”, afirmó.
Braco también cuestionó que el debate público se concentre únicamente en números, como si la discusión pasara solo por definir si la imputabilidad debe fijarse en los 12, 13 o 14 años. Según expresó, esa mirada reducida deja de lado el verdadero problema y no contempla qué dispositivos existen —o no— para contener a los menores una vez que la ley se aprueba.
En ese punto, manifestó su preocupación por la falta de alternativas reales para los jóvenes y se preguntó a dónde serían derivados los menores si se aprueba la ley. Advirtió que actualmente no existen dispositivos adecuados y expresó su temor de que la norma se apruebe sin que haya un plan serio de acompañamiento e inclusión.
Durante la entrevista, el sacerdote destacó especialmente el trabajo que realizan las organizaciones sociales, la Vicaría de los Pobres y la Pastoral Social, junto a distintas instituciones educativas, religiosas y barriales. Resaltó el valor del trabajo en red y de los espacios comunitarios, como capillas, merenderos, centros vecinales y colegios, que muchas veces contienen a niños y adolescentes que no cuentan con una red familiar sólida.
Braco subrayó que esos espacios cumplen un rol fundamental al brindar acompañamiento, afecto y contención, y al ofrecer oportunidades concretas para que los chicos permanezcan en la escuela y no en la calle. Recordó el testimonio de una trabajadora comunitaria de un barrio periférico de Córdoba, quien le contó que en esos espacios muchos niños aprenden a leer, algo que consideró de un valor enorme.
Finalmente, sostuvo que como sociedad es necesario ofrecer alternativas reales para que los jóvenes puedan proyectar una vida digna, con acceso a la educación, la salud, la alimentación y el trabajo. En ese sentido, afirmó que las organizaciones intermedias llegan muchas veces donde el Estado no lo hace y remarcó la importancia de cuidarlas y sostenerlas.
Al despedirse, Munir Braco agradeció el espacio en Radio La Ranchada y llamó a seguir reflexionando de manera constructiva, sin dejarse llevar por consignas simplificadoras o discursos de odio, y apostando a un debate serio y comprometido con las causas profundas del problema.
Escuchá la nota completa con Munir Braco acá:
LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.
