La familia del joven secuestrado y asesinado en 2015 denuncia maniobras de impunidad por parte de una jueza de Monte Caseros y apela la medida, señalando que los policías acusados continúan en funciones públicas.
El caso de Sebastián «Nino» Largueri, ocurrido en agosto de 2015, enfrenta un nuevo obstáculo judicial. Según relató su hermana, Anahí, la jueza Amelia Itatí Olivieri intenta cerrar la investigación por el secuestro, tortura y homicidio del joven, alegando la prescripción de la causa. Ante esta decisión, la familia presentó una apelación basada en el Artículo 67 del Código Penal, el cual establece que la prescripción se suspende mientras cualquiera de los implicados se encuentre desempeñando un cargo público.
Los hechos se remontan al 15 de agosto de 2015, cuando Nino fue secuestrado por la policía sin orden de captura desde la casa de un amigo. Tras lograr escapar brevemente cerca de un campo del Ejército, testigos indicaron que el joven pidió ayuda y advirtió que lo matarían si lo recapturaban. Sin embargo, el personal del ejército informó a los efectivos policiales sobre su paradero y, tras una nueva búsqueda por parte de la fuerza, no se supo más de él hasta que su cuerpo apareció sin vida en las aguas del río Miriñay a finales de ese mes.
La denuncia de la familia apunta directamente a los efectivos Ramón Goin, Cristian Íbalo, Roberto Aguirre y Walter García. quienes fueron procesados por el secuestro y las torturas. Anahí sostiene que existe una red de impunidad en la provincia que involucra a la justicia, sectores políticos y medios de comunicación locales que guardan silencio ante el dictamen.
Por último, la hermana de la víctima denunció ser blanco de persecución judicial, habiendo enfrentado cuatro causas inventadas por su labor de búsqueda de justicia, lo que la coloca en una situación de extrema vulnerabilidad frente a lo que califica como la «mafia» en Corrientes.
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