Representantes de la Cooperativa CVA advierten sobre la inconstitucionalidad de la nueva legislación que busca erradicar su labor. Aseguran que el servicio brinda seguridad y empleo organizado a cientos de familias, mientras denuncian que la tarifa permanece congelada hace casi dos años.
En el marco de una creciente tensión por la regulación del espacio público en la ciudad de Córdoba, la Cooperativa CVA —una de las siete organizaciones que nuclean a trabajadores del estacionamiento controlado— ha manifestado su firme rechazo a la denominada «Ley Maqueda». Según los trabajadores, esta normativa no busca mejorar el ordenamiento urbano, sino facilitar un negocio de privatización que desplazaría a los sectores cooperativos en favor de intereses particulares.
Desde la cooperativa aclaran que su labor no debe confundirse con la de trabajadores no organizados o limpiavidrios. Con casi 20 años de trayectoria bajo ordenanzas municipales, los 70 trabajadores de la Cooperativa CVA (y cerca de 600 en todo el sistema cooperativo) gestionan zonas críticas como el Hospital Privado, Tribunales Federales y Alta Córdoba. Su servicio incluye no solo la entrega de tickets oficiales de 500 pesos —tarifa igual a la del sistema digital SEM— sino también tareas de prevención, primeros auxilios e información turística para los usuarios.
La principal crítica radica en la supuesta inconstitucionalidad de la ley provincial, argumentando que vulnera la autonomía municipal para legislar sobre sus propias calles. «Estamos en pie de lucha y recurriremos al amparo legal si es necesario», señalaron desde la organización, que cuenta con el asesoramiento del Dr. Villafañe y el respaldo de la Pastoral Social y la Vicaría de los Pobres.
Además del conflicto legal, los trabajadores denuncian una situación económica asfixiante: la tarifa que perciben no se actualiza hace un año y ocho meses, a pesar de que la inflación y el precio de los combustibles siguen subiendo.
Desde Radio La Ranchada enfatizamos que existe una intención deliberada de criminalizar y estigmatizar la tarea del naranjita organizado para justificar su eliminación. Ante esto, las cooperativas proponen que el Estado, en lugar de prohibir, debería aplicar el modelo de organización cooperativa a los trabajadores que hoy están fuera del sistema, garantizando así empleo digno y formal frente a la amenaza de la exclusión.
Si bien el proceso legal continúa, las cooperativas ya planean movilizaciones y acciones de concientización para defender lo que consideran su derecho al trabajo y una herramienta de contención social fundamental para la ciudad.
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LAS TRES T (TIERRA, TECHO Y TRABAJO). Sábados de 09:00 a 12:00hs, con Daniel Rivera.
