En marzo, cuando se cumplen 50 años del último golpe cívico-militar-eclesiástico de 1976, el Gobierno nacional avanzó con la decisión de trasladar la Subsecretaría de Derechos Humanos desde su actual sede en la ESMA hacia otra dependencia estatal.
El organismo pasó a funcionar en el edificio de Cochabamba 54, inmueble que anteriormente ocupó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, área que fue eliminada al inicio de la actual gestión. La Subsecretaría —que durante administraciones anteriores tuvo rango de Secretaría— funcionaba desde diciembre de 2015 en el predio de 17 hectáreas de la ex Escuela de Mecánica de la Armada.
La ex ESMA constituyó uno de los principales centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar (1976-1983). Allí estuvieron cautivas unas 5.000 personas que fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y/o desaparecidas. Desde ese lugar partieron los denominados “vuelos de la muerte”, metodología represiva que implicó el asesinato de detenidos arrojados al mar o a ríos.
También funcionó en el predio una maternidad clandestina donde al menos 34 mujeres embarazadas dieron a luz en cautiverio; la mayoría de esos niños y niñas fueron apropiados ilegalmente y muchos aún desconocen su identidad de origen.
Organizaciones de derechos humanos interpretaron el traslado como una señal política en un mes de fuerte carga simbólica vinculada a la Memoria, la Verdad y la Justicia. Consideraron que la decisión se inscribió en una serie de medidas y posicionamientos oficiales que generaron controversia en torno al abordaje estatal del terrorismo de Estado.
En diciembre de 2025 renunció el entonces titular de la Subsecretaría, Alberto Baños, y asumió en su reemplazo Joaquín Mogaburu.
Pese al traslado del organismo, en el predio de la ex ESMA continuaron funcionando el Archivo Nacional de la Memoria, el Museo Sitio de Memoria ESMA y el Espacio para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
