El Gobierno de la Provincia de Córdoba remitió a la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley para crear un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, con el objetivo de ordenar, reforzar y garantizar la tutela efectiva de las personas que atraviesan un proceso penal.
De acuerdo con la explicación oficial, la propuesta del Ejecutivo —que sugiere denominar “Ley Joaquín”— establece derechos claros y operativos para las víctimas, así como obligaciones concretas para el Estado y los operadores judiciales. El nombre hace referencia a Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años que falleció en la ciudad de Laboulaye en 2023 tras ser agredido por otro joven menor de edad.
El texto sostiene que, si bien el sistema penal contempla instancias de intervención para las víctimas, en la práctica persisten asimetrías de información, demoras, barreras de acceso y riesgos de revictimización. A partir de ese diagnóstico, el proyecto fija un piso de protección común para todas las víctimas, sin alterar el debido proceso ni el equilibrio entre las partes.
Derechos garantizados
La iniciativa establece que, desde el primer contacto con el sistema de justicia, las víctimas deberán contar con una serie de derechos garantizados. Entre ellos se incluyen:
- Trato digno, privacidad y prevención de la revictimización.
- Información clara y comprensible sobre el proceso penal y sus etapas.
- Acceso a patrocinio jurídico, incluso gratuito y especializado cuando sea necesario.
- Participación en el proceso judicial, tanto para aportar elementos relevantes como para intervenir en audiencias y decisiones clave.
- Asistencia médica, psicológica, social y jurídica gratuita y continua.
- Medidas de protección urgentes frente a riesgos o situaciones de intimidación.
- Reparación integral del daño, por vía penal o civil.
Además, el régimen incorporaría el principio de debida diligencia, que obliga a las autoridades a actuar sin demoras y a evitar que la intervención estatal agrave el daño sufrido por las víctimas.
Cambios en el Código Procesal Penal
El proyecto también incluye modificaciones al Código Procesal Penal de Córdoba para asegurar que los derechos reconocidos no queden en declaraciones formales.
Entre los cambios más relevantes se destacan:
- La habilitación para que víctimas de hechos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes.
- El refuerzo de la obligación de informar y notificar a las víctimas decisiones que puedan afectar su seguridad o sus derechos.
- Medidas estrictas para prevenir la revictimización, reduciendo actos repetidos o exposiciones innecesarias.
- Modalidades especiales para declaraciones en delitos graves, como violencia de género, delitos sexuales o violencia familiar.
- La participación de la víctima en decisiones judiciales como prisión domiciliaria, libertad condicional o suspensión del juicio a prueba.
- La incorporación de un nuevo artículo sobre juicio abreviado, que obliga a informar a la víctima en delitos graves contra la vida, la integridad sexual, la libertad, robos agravados o casos de violencia de género.
Desde el Gobierno provincial aclararon que el proyecto “no introduce privilegios procesales”, sino que busca mantener el equilibrio del proceso penal al tiempo que garantiza respuestas “rápidas, eficaces y útiles”, en línea con los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Creación de un observatorio
La propuesta prevé además la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos, que funcionaría en el ámbito de la Legislatura. El organismo estaría integrado por representantes del Estado, organizaciones civiles y familiares de víctimas, y tendría como función elaborar diagnósticos, recomendaciones y buenas prácticas para mejorar las políticas públicas de asistencia.
Asimismo, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá garantizar los recursos presupuestarios necesarios para su implementación, mediante reasignaciones o previsiones específicas.
Según explicaron desde la Provincia, la denominación “Ley Joaquín” busca funcionar como un acto de memoria institucional y como una señal pedagógica que recuerde que detrás de cada expediente judicial “hay personas, seres queridos e historias de vida que exigen del Estado una respuesta efectiva”.
