El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, respondió públicamente a las acusaciones difundidas por el portal La Derecha Diario, que lo señalaban por negarse a habilitar la empresa nuclear Dioxitek en la ciudad y por poner en riesgo 150 puestos de trabajo.
Desde el Ejecutivo municipal rechazaron esa versión y aclararon que la compañía debía trasladar su planta fuera del ejido urbano, ya que ese tipo de actividad estaba prohibida en Córdoba desde 1986. Además, señalaron que la propia empresa había proyectado su mudanza a la provincia de Formosa, donde construía una nueva sede cuya obra se encontraba paralizada.
El planteo legal y ambiental
Dioxitek produce dióxido de uranio, un insumo utilizado como combustible en las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Central Nuclear Embalse. No obstante, desde el municipio subrayaron que la discusión no era ideológica ni partidaria, sino “legal, ambiental y de seguridad”.
En ese marco, recordaron que en 2016 la empresa inició una causa ante la Justicia Federal de Córdoba para solicitar autorización y continuar operando hasta concretar su traslado a Formosa. Durante ese proceso se firmaron acuerdos que fueron homologados judicialmente, pero, según la postura oficial, no se habrían cumplido en su totalidad.
Asimismo, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja hizo lugar a un pedido del Municipio para que la firma presentara informes ambientales y de seguridad nuclear actualizados.
Cruce político y cuestionamientos
La respuesta del intendente se produjo luego de que La Derecha Diario publicara un mensaje en el que lo acusaba de “negarse a habilitar” la planta y de actuar por “ensañamiento contra el Gobierno de Milei”, en referencia a la administración del presidente Javier Milei.
Desde la Municipalidad también indicaron que la empresa no contaba con habilitación vigente de Bomberos ni con un plan de gestión de residuos peligrosos aprobado por el Gobierno de Córdoba.
En su descargo, Passerini sostuvo que “lo que sí es ideológico es mentir deliberadamente, personalizar decisiones institucionales y construir un relato de persecución para agitar a la opinión pública”. Además, calificó ese estilo de comunicación como “propaganda” basada en el agravio y la estigmatización, y consideró que insinuar que podría “dejar en la calle” a los trabajadores por motivos políticos constituía “una operación burda y de tono peligrosamente autoritario”.
