En un contundente comunicado, los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba fijaron su postura frente al entendimiento alcanzado entre el Gobierno nacional y la administración provincial. Si bien se confirmó que la Nación duplicará el envío de fondos mensuales —alcanzando los $10.000 millones a partir de mayo de 2026—, las organizaciones sindicales advirtieron que esos recursos debían destinarse prioritariamente a recomponer los haberes y a derogar las leyes de ajuste.
Los gremios aclararon que el incremento del flujo de recursos, que se tramitó en el marco de una conciliación ante la Corte Suprema de Justicia, no constituyó una «donación» ni un «gesto político». Según expresaron, se trató de fondos que legítimamente correspondían a los trabajadores cordobeses tras la armonización del sistema provincial con el nacional, por lo que su devolución representaba una «obligación ineludible» del Estado.
No obstante, las organizaciones manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que este acuerdo —realizado a cuenta de la determinación de la deuda que recién se definiría en 2027— terminara postergando una resolución de fondo por parte de la Corte Suprema sobre el sistema previsional.
El eje del reclamo sindical estuvo centrado en el impacto de la Ley de Equidad Jubilatoria N.º 11.087. En ese marco, exigieron que los nuevos fondos se utilizaran para la derogación inmediata de esa normativa, a la que acusaron de recortar los haberes de jubilados y activos, habilitar aumentos de aportes sin negociación previa —lo que consideraron una «transferencia regresiva» de ingresos hacia las arcas fiscales— y consolidar un esquema de «licuación permanente de ingresos» en un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo.
Asimismo, las entidades expresaron su solidaridad con los planteos de la UEPC en el ámbito paritario, al considerar que el ajuste afectaba a la totalidad de los empleados públicos provinciales.
Plan de lucha y convocatoria
En el documento, los gremios ratificaron el plan de lucha sindical y las denuncias judiciales contra el ajuste previsional. Para definir los próximos pasos, los representantes de los sindicatos estatales se autoconvocaron para el lunes 9 de marzo.
«Sólo con diálogo social y reconocimiento de derechos podremos avanzar hacia un sistema sólido y equitativo», concluyó el comunicado firmado por una amplia coalición de sindicatos, entre ellos SIVIALCO, UEPC, SEP, Luz y Fuerza (Córdoba, Regional y Río Cuarto), La Bancaria, SUOEM, Judiciales, Gráficos y SADOP, entre otros.
