La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este viernes un amparo judicial contra la Ley de Modernización Laboral recientemente oficializada, con el objetivo de frenar el traspaso del fuero laboral a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La presentación fue realizada ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico.
En el amparo, al que tuvo acceso la agencia Agencia NA, la central obrera solicitó el dictado de una medida cautelar de no innovar para suspender de inmediato la aplicación de los artículos 90 y 91 de la reforma laboral. Según el planteo sindical, esas disposiciones habilitan el cierre de treinta juzgados de primera instancia del trabajo y de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, además de avanzar hacia la eliminación progresiva de la Justicia Nacional del Trabajo.
La CGT también pidió que se dicte una sentencia que declare nulo el acuerdo de transferencia de la función judicial en materia laboral y que considere inconstitucionales los artículos cuestionados de la ley.
La presentación judicial fue firmada por los cosecretarios generales de la central sindical Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo.
El artículo 90 de la reforma establece el acuerdo de transferencia de la función judicial en materia laboral celebrado entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 9 de febrero de 2026. En tanto, el artículo 91 encomienda al Poder Ejecutivo nacional transferir los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero laboral en la ciudad, garantizando el funcionamiento transitorio de la Justicia Nacional del Trabajo.
En su presentación, los dirigentes de la CGT sostuvieron que la decisión implica la eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo y denunciaron que el proceso se llevó adelante en un marco de “grosera arbitrariedad”. En ese sentido, afirmaron que la medida representa una afrenta al orden constitucional, a la división de poderes y al deber estatal de actuar conforme al derecho vigente.
Asimismo, dejaron planteado el caso federal para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de que la acción no prospere en instancias inferiores, al considerar que se encuentran en juego derechos de máxima relevancia constitucional.
La ley fue promulgada por el presidente Javier Milei a través del Decreto 137/2026, luego de que el proyecto fuera sancionado por el Congreso el 27 de febrero. La normativa introduce cambios en el régimen laboral argentino, incluyendo modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, al sistema de convenios colectivos, a los servicios mínimos en conflictos laborales y la creación de nuevos fondos de contingencia.
