La Confederación General del Trabajo sufrió un revés judicial luego de que la Justicia rechazara el pedido de frenar parte de la reforma laboral que introduce cambios en el funcionamiento del fuero del trabajo.
La decisión fue adoptada por el juez Enrique Lavié Pico, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, quien desestimó la medida cautelar solicitada por la central sindical para suspender dos artículos de la Ley de Modernización Laboral recientemente aprobada por el Congreso.
La organización gremial había presentado una acción de amparo con el objetivo de impedir la aplicación inmediata de esas disposiciones, al considerar que introducen cambios relevantes en la estructura de la Justicia laboral y en la organización de los tribunales que intervienen en conflictos de trabajo.
Entre los puntos cuestionados se encuentra el traspaso de la Justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como modificaciones en la actual estructura de juzgados y cámaras del fuero laboral.
En su resolución, el magistrado sostuvo que no se encontraban dadas las condiciones necesarias para dictar una medida urgente que suspenda la aplicación de una ley sancionada recientemente por el Congreso de la Nación Argentina.
Según argumentó, en la presentación realizada por la CGT no se acreditó la existencia de un perjuicio inmediato o irreparable que justifique la intervención judicial mediante una medida cautelar antes de analizar el fondo del caso.
De esta manera, el juez consideró que el planteo deberá continuar su trámite judicial ordinario, sin que por el momento se detenga la aplicación de las disposiciones cuestionadas.
En su presentación, la central obrera había advertido que los artículos incluidos en la reforma laboral implicarían el cierre de alrededor de 30 juzgados de primera instancia del trabajo y de una sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Además, el gremio sostuvo que la normativa avanza en la transferencia de competencias desde la Justicia laboral nacional hacia tribunales dependientes de la justicia porteña, lo que —según su interpretación— podría afectar el funcionamiento actual del sistema judicial laboral.
Desde la conducción de la CGT también argumentaron que estos cambios podrían vulnerar derechos constitucionales y debilitar las garantías judiciales de los trabajadores al modificar el esquema institucional del fuero laboral.
No obstante, el fallo judicial resolvió que esas objeciones deberán ser analizadas durante el desarrollo del proceso judicial, por lo que no corresponde suspender de manera preventiva la aplicación de los artículos cuestionados.
Con esta decisión, las disposiciones incluidas en la reforma laboral continúan vigentes mientras avanza el tratamiento judicial del planteo realizado por la central sindical.
