La CGT consiguió frenar en la Justicia la ley de modernización laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Este lunes, el juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar que suspende 82 artículos de la norma, en un fallo que representa un revés para el Poder Ejecutivo.
La resolución fue emitida por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, quien hizo lugar al planteo presentado por la central obrera. De esta manera, la aplicación de los artículos cuestionados queda en pausa hasta que se resuelva la cuestión de fondo del expediente.
El magistrado consideró que la implementación inmediata de la ley podría generar perjuicios de difícil reparación para los trabajadores, especialmente si en el futuro se declara su inconstitucionalidad. En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de provocar una situación de inseguridad jurídica en el ámbito laboral.
La demanda fue impulsada por la conducción de la CGT, integrada por Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Raúl Jerónimo. En la presentación judicial, los dirigentes argumentaron que la normativa vulnera derechos constitucionales fundamentales, como la protección contra el despido arbitrario y la libertad sindical.
En su fallo, Ojeda también reconoció la legitimidad de la CGT para representar de manera colectiva a los trabajadores en este tipo de reclamos, lo que refuerza el rol de la central obrera en la disputa judicial.
Entre los puntos cuestionados de la ley se encuentran la implementación de los denominados Fondos de Asistencia Laboral y la posibilidad de deshomologar convenios colectivos antes de una sentencia definitiva. Según el juez, estas medidas podrían alterar de manera sustancial las condiciones laborales sin garantías suficientes para los trabajadores.
La normativa, identificada como ley 27.802, forma parte del paquete de reformas impulsadas por el Gobierno nacional con el objetivo de modificar el régimen laboral vigente. Sin embargo, su aplicación quedó ahora en suspenso tras la intervención judicial.
El fallo no es definitivo, ya que el magistrado deberá avanzar en el análisis de fondo del caso para determinar la constitucionalidad de la ley. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo cuenta con la posibilidad de apelar la medida ante instancias superiores, lo que podría extender la disputa en el ámbito judicial.
La decisión se da en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y los sindicatos, que ya habían manifestado su rechazo a las reformas laborales impulsadas por la administración nacional. Desde la CGT sostienen que estas iniciativas implican una pérdida de derechos adquiridos y un retroceso en materia de protección laboral.
