A través de un comunicado crítico, el organismo eclesiástico dejó en claro su postura: «Estamos convencidos que la prohibición del trabajo popular no es la verdadera solución». El texto, titulado “Ciudades para todos”, advierte además que este tipo de medidas contribuye a consolidar la denominada “cultura del descarte”.
En ese sentido, desde la Iglesia remarcaron la necesidad de analizar el fenómeno en un contexto más amplio. «No se pueden abordar las problemáticas en torno a las personas que cobran el estacionamiento en la vía pública sin una visión y comprensión del escenario o marco cultural y económico en el cual se manifiesta o emerge hoy esta realidad», señalaron.
Asimismo, pusieron el foco en el impacto de la situación económica y laboral actual: «Tampoco debemos desconocer las nuevas realidades y la inestabilidad de los trabajos existentes. Las reglas del mercado y la aparición de nuevas tecnologías pueden dejar sin trabajo en poco tiempo a gran cantidad de personas».
En su análisis, la Pastoral destacó el rol de las cooperativas como una alternativa para ordenar la actividad y mejorar la convivencia. Actualmente, en la ciudad de Córdoba funcionan siete cooperativas que reúnen a más de 600 trabajadores del sector. «Para las personas que cobran el estacionamiento en la vía pública, las cooperativas han demostrado ser una respuesta a las problemáticas que se pueden generar de convivencia entre quienes realizan el trabajo y quienes reciben el servicio», explicaron. Según detallaron, este esquema permite fijar tarifas, organizar las zonas asignadas por el municipio y facilitar los controles.
En paralelo, el documento reclama el cumplimiento de la normativa vigente tanto a nivel provincial como municipal. En particular, menciona la Ordenanza N° 10.425 de 2001, que regula el estacionamiento medido y habilita la participación de cooperativas, y la Ordenanza N° 10.837 de 2005, que establece la concesión del servicio a entidades sin fines de lucro.
Por otro lado, la Pastoral Social identificó tres problemáticas que rodean esta actividad: la delincuencia, el consumo problemático de alcohol y drogas, y los trastornos de salud mental en algunos de quienes prestan el servicio. «Sin embargo creemos que hay que diferenciar, una cuestión es el trabajo/prestación de servicio público según las reglamentaciones vigentes y otra estas tres realidades antes mencionadas», plantearon. En esa línea, sostuvieron que tanto el consumo como los problemas de salud mental y el incremento del delito deben ser abordados de manera integral por el Estado, al que le atribuyen la responsabilidad de dar respuestas estructurales y sostenidas.
