La reciente sanción de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados abrió un nuevo capítulo de conflicto político, social y ambiental en Argentina. Lejos de cerrarse con la aprobación legislativa, el debate se trasladará ahora al terreno judicial, donde distintas organizaciones ya anticiparon que buscarán frenar la aplicación de la norma por considerarla inconstitucional.
La iniciativa fue impulsada por el oficialismo y aprobada tras una extensa sesión que se prolongó por más de 11 horas. Sin embargo, desde el primer momento, sectores ambientalistas cuestionaron tanto el contenido del proyecto como el proceso mediante el cual fue tratado. En ese marco, entidades como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace anunciaron la puesta en marcha de una demanda colectiva.
A través de un comunicado, las organizaciones denunciaron que la reforma fue sancionada en un “proceso viciado” y “a espaldas de la sociedad”, al tiempo que remarcaron que se ignoró la participación de miles de personas que se habían inscripto para defender la normativa vigente en instancias previas de debate público.
Según señalaron, la nueva ley representa un retroceso en materia ambiental, ya que flexibiliza las condiciones para el desarrollo de actividades extractivas en zonas protegidas. En ese sentido, advirtieron que se trata de una modificación regresiva que podría vulnerar principios constitucionales vinculados a la protección del ambiente.
El eje central de las críticas radica en el impacto que la reforma podría tener sobre los glaciares y el ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce. Las organizaciones sostienen que la nueva normativa pone en riesgo el acceso al agua para millones de personas, además de afectar ecosistemas sensibles que cumplen un rol clave en el equilibrio ambiental.
En paralelo, cuestionaron la falta de respuesta institucional frente a la masiva participación ciudadana registrada durante el proceso previo. Más de 100 mil personas se habían anotado para intervenir en audiencias públicas vinculadas al tratamiento de la ley, pero, según denunciaron, sus voces no fueron tenidas en cuenta al momento de la votación.
En ese contexto, las entidades convocaron a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva que buscará frenar la implementación de la reforma. La propuesta apunta a canalizar el rechazo social a través de la vía judicial, en un intento por revertir lo aprobado en el Congreso.
“La ciudadanía será la protagonista de la lucha por recuperar la ley”, señalaron desde las organizaciones, al tiempo que remarcaron que la iniciativa busca construir una respuesta colectiva frente a lo que consideran una decisión política que desoye el interés público.
El llamado a la participación se presenta como una herramienta para amplificar el reclamo social. Según explicaron, adherir a la demanda no implica obligaciones legales individuales, pero sí contribuye a consolidar una acción conjunta con peso político y jurídico.
En el plano legislativo, la reforma fue aprobada con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones. El oficialismo logró reunir el apoyo de bloques aliados y también sumó votos de sectores opositores, lo que resultó clave para alcanzar la mayoría necesaria.
Entre quienes acompañaron la iniciativa se encuentran legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal y otros espacios provinciales, además de algunos diputados que se desmarcaron de sus bloques de origen para votar a favor del proyecto.
La nueva normativa redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, habilitando mayores posibilidades para el desarrollo de actividades económicas, especialmente vinculadas a la explotación de recursos naturales.
La ley original, sancionada en 2010, establecía presupuestos mínimos para la preservación de estos ecosistemas, reconociendo su importancia no solo como reservas de agua, sino también para la biodiversidad, la investigación científica y actividades como el turismo.
Los glaciares, formados por la acumulación de nieve transformada en hielo a lo largo del tiempo, cumplen una función esencial como reguladores hídricos. Su conservación es considerada clave en un contexto de crisis climática y creciente demanda de recursos.
En este escenario, la judicialización del conflicto aparece como el próximo paso en una disputa que combina intereses económicos, definiciones políticas y preocupaciones ambientales. Mientras el Gobierno defiende la reforma como una herramienta para promover el desarrollo, las organizaciones advierten que sus consecuencias podrían ser irreversibles.
