Para Galán, esta iniciativa es una medida que favorece la concentración de recursos en manos extranjeras y desprotege a los sectores más vulnerables. En ese sentido, el dirigente cuestionó la intención oficial de derogar límites legales vigentes —como la restricción para que extranjeros posean más de mil hectáreas— argumentando que la Argentina posee reservas críticas.
«Argentina es uno de los países con mayor superficie y obviamente esto lo torna atractivo para esta disputa que hay en términos de recursos que va a generar mayor concentración de la tierra en capitales extranjeros y que obviamente va a generar un modelo más de extracción», sostuvo. Según el entrevistado, esta lógica se complementa con el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), facilitando la salida de minerales y agua sin una contrapartida clara en desarrollo local o generación de empleo.
Otro de los puntos críticos señalados por Galán es el intento de modificar la Ley 27.453 de Integración Socio-Urbana, una norma sancionada en 2018 con consenso multipartidario durante la gestión de Mauricio Macri. El proyecto en debate propone derogar artículos clave que permiten al Estado expropiar tierras ocupadas por familias y suspender los desalojos en asentamientos populares.
«En simples palabras, pero no para simplificar la situación de gravedad que tiene esta discusión, es que terminamos afectando a los sectores más empobrecidos, que no tienen acceso a la tierra y que, por supuesto, se van a ver muy perjudicados», enfatizó el dirigente social.
Ante este escenario, Galán destacó que la Mesa de Barrios Populares, junto con sectores de la Iglesia Católica, se encuentra en estado de alerta y movilización. El dirigente recordó que la ley que se pretende modificar es una herramienta fundamental para la urbanización y regularización dominial de millones de personas relevadas en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
«Estamos apelando a que se tengan en cuenta estos derechos importantísimos; como decía el Papa Francisco, la tierra y el trabajo son derechos sagrados», concluyó, al tiempo que advirtió que la eventual derogación de estas garantías profundizaría la exclusión social en todo el país.
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LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.
