En comunicación con La Ranchada, María Eugenia Piscitello, una de las afectadas, describió la situación que atraviesan miles de familias. “La mayoría de los damnificados no ha visto ni un ladrillo”, afirmó. En su caso particular, explicó que la obra de su vivienda quedó inconclusa. “Me dejaron una estructura al 40%, con el techo sin impermeabilizar y el contrapiso mal ejecutado”, señaló.
Piscitello indicó que había abonado la totalidad de la vivienda en 2021 y que, en 2024, la empresa le exigió nuevos pagos. “Me presionaron para que elija en esa instancia de la obra sí o sí los adicionales y yo elegí las rejas. Aboné durante un año tres millones de pesos en rejas que nunca voy a ver en mi vida”, sostuvo. Además, denunció incumplimientos en plazos de entrega y paralización de obras. “Firmé un contrato de reintegro de dinero de obrador y baño químico que nunca se cumplió”, agregó.
Según estimaciones de los propios damnificados, la estafa afectó a unas 30 mil familias en todo el país. “No solo arruinaron el aspecto económico, también la salud mental y física de muchas personas. Hay casos de depresión, infartos y suicidios”, advirtió.
En cuanto a las acciones judiciales, explicó que no han recibido respuestas concretas. “Es un proceso muy lento, hay secreto de sumario y mucha lentitud, lo que genera indignación”, afirmó. También cuestionó la falta de acompañamiento institucional. “No hemos tenido respuesta de organismos públicos ni en instancias de mediación”, señaló. Piscitello sostuvo además que existe malestar por el destino del dinero. “Es vox populi que fue fugado al exterior y se exhiben en redes sociales con lujos”, expresó.
Por último, destacó la importancia de mantener visible el reclamo. “Hay mucho silencio y eso los beneficia. Por eso convocamos a la comunidad a acompañar y exigir justicia”, concluyó. La convocatoria es el 4 de mayo a las 11 en Tribunales I de la ciudad de Córdoba.
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LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.
