En medio de una nueva escalada de tensión con los medios de comunicación, el gobierno encabezado por Javier Milei dispuso la prohibición del ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. La medida comenzó a regir este jueves y alcanza a todos los trabajadores de prensa que se desempeñaban de manera habitual en la sede del Poder Ejecutivo.
Según trascendió, la decisión se sustenta en dos ejes principales. Por un lado, la profundización de una investigación sobre una presunta infiltración extranjera en medios de comunicación, que ya había derivado en restricciones parciales para periodistas de al menos siete medios durante las últimas semanas. Por otro, una denuncia penal contra dos periodistas de Todo Noticias, acusados de presunto espionaje ilegal tras la difusión de imágenes grabadas en el interior de la sede gubernamental.
Desde fuentes oficiales indicaron que, como parte de las medidas preventivas, se resolvió quitar las huellas dactilares registradas para el acceso de los periodistas acreditados y suspender la prórroga de las credenciales correspondientes a 2025. En ese marco, el ingreso a la sala de prensa quedará restringido hasta tanto avance la investigación judicial vinculada al caso.
La decisión marca un hecho inusual en la vida institucional argentina. La sala de periodistas de la Casa Rosada se mantuvo abierta de manera ininterrumpida durante los distintos períodos democráticos, e incluso en contextos de gobiernos de facto, lo que refuerza el carácter excepcional de la medida.
El conflicto se intensificó luego de que la Casa Militar —organismo encargado de la custodia de la sede presidencial y de la residencia de Olivos— presentara una denuncia judicial por la difusión de un video grabado en el interior del edificio. Desde el Gobierno sostienen que el material podría implicar la divulgación de información sensible vinculada a la seguridad nacional.
En paralelo, el propio Milei se expresó públicamente sobre el episodio a través de sus redes sociales, con fuertes críticas hacia el periodismo. Sus declaraciones se inscriben en un contexto de creciente confrontación entre el Ejecutivo y distintos sectores de la prensa, que ya había tenido episodios previos con restricciones de acceso a determinados medios.
