Marco Galán advirtió sobre los alcances de la iniciativa del Gobierno Nacional que busca eliminar límites a la compra de tierras por extranjeros y suprimir protecciones contra desalojos en asentamientos, afectando a millones de personas.
El Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto de ley denominado «inviolabilidad de la propiedad privada», el cual ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones sociales. Según Marco Galán, referente del Movimiento Carlos Mugica y director de Radio La Ranchada, la iniciativa no busca proteger la vivienda de los ciudadanos comunes, sino que está orientada a defender los intereses de los sectores más ricos y poderosos.
Uno de los puntos más polémicos es la modificación de la ley 7637 para eliminar el tope de 1.000 hectáreas que rige para la compra de tierras por parte de extranjeros. Esta medida facilitaría que empresas multinacionales adquieran vastas extensiones de territorio en áreas ricas en recursos estratégicos como el litio, el oro, la plata y el agua potable. Galán advierte que esto profundizaría un modelo extractivista que no genera valor agregado local ni mano de obra intensiva, perdiendo la oportunidad de desarrollar industrias propias.
Asimismo, la propuesta oficialista busca desmantelar aspectos centrales de la Ley de Integración Socio Urbana (Ley 27.453), que fue aprobada originalmente por unanimidad. El proyecto pretende eliminar la obligación del Estado de expropiar tierras para regularizar y entregar títulos de propiedad a las familias que viven en barrios populares. Actualmente, existen en Argentina cerca de 5 millones de personas viviendo en barrios registrados en el RENABAP bajo condiciones de precariedad.
En términos de seguridad habitacional, la reforma propone eliminar la prohibición de desalojos por cinco años, una medida que protegía preventivamente a las familias mientras se tramitaba la regularización dominial. Solo en la provincia de Córdoba, esto afectaría a más de 40.000 familias que residen en los 318 asentamientos relevados. Además, el proyecto suprime el artículo que obliga a contratar al menos un 25% de las obras públicas en estos barrios a través de cooperativas de trabajo, delegando esos negocios exclusivamente al sector privado.
Ante este escenario, Galán señaló que existe un creciente agotamiento y malestar social que afecta desde los sectores más pobres hasta las clases medias y empresarios pymes. En este contexto, diversas organizaciones sociales han iniciado gestiones para dialogar con los legisladores y evitar que se aprueben estos retrocesos normativos, apelando a mantener los consensos logrados en años anteriores.
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