La decisión se conoció este martes, luego de que el Juzgado Federal de Campana dictara una medida cautelar que ordena sostener las prestaciones hasta que exista una sentencia definitiva.
El cumplimiento del fallo se instrumentó a través de una resolución de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que habilitó la liquidación correspondiente a abril por un total superior a los 72 mil millones de pesos.
En los considerandos, el gobierno de Javier Milei adelantó que apelará la resolución judicial, aunque reconoció que corresponde “efectuar las gestiones tendientes al cumplimiento de la manda judicial conforme el ordenamiento jurídico vigente”. En esa línea, el Ejecutivo aclaró que acatar la medida no implica modificar el esquema normativo que impulsa, que contempla la eliminación del programa.
Conflicto y movilización El anuncio previo de dar de baja Volver al Trabajo generó protestas en distintas ciudades del país, encabezadas por organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
En ese marco, miles de beneficiarios denunciaron condiciones de precarización laboral y reclamaron la continuidad del programa. «Este Gobierno es cruel. Congeló nuestro ingreso en 78.000 pesos y ahora quiere robarle el trabajo a más de 900 mil trabajadoras y trabajadores de la economía popular», expresaron.
Tras las movilizaciones, el Gobierno avanzó con la habilitación de los pagos correspondientes a abril, mientras continúa el proceso judicial.
