Tras sufrir robos sistemáticos desde principios de 2024, el dispensario municipal se quedó sin agua ni suministros básicos debido al robo de caños y tanques. Mientras las autoridades sugirieron el traslado de la atención a otros barrios, la comunidad denuncia abandono estatal y se moviliza para defender el derecho a la salud pública.
El centro de salud de Villa Allende Parque atraviesa una crisis terminal que pone en riesgo la atención médica de miles de vecinos. Según relató Muriel Molina, referente de la zona, el establecimiento viene sufriendo hechos de vandalismo y robos constantes desde febrero de 2024, siendo el incidente más reciente el pasado 27 de abril de 2026. En esta última oportunidad, los delincuentes hicieron un boquete en el techo y sustrajeron hasta los caños de bajada de los tanques, dejando al lugar sin suministro de agua, lo que imposibilita la higiene básica y la atención de pacientes.
Ante este escenario, la respuesta inicial de las autoridades municipales fue ordenar el cierre del lugar y el traslado del personal a otros dispensarios, alegando falta de presupuesto para las reparaciones. Esta decisión genera gran alarma en la comunidad, especialmente en una época de alta demanda por vacunación antigripal y enfermedades respiratorias en niños y adultos mayores. Además, los vecinos señalan que los centros asistenciales alternativos, como el Hospital de Villa Allende o el de Pronta Atención en Argüello, se encuentran colapsados o presentan demoras de hasta 15 horas.
La situación de inseguridad presenta una paradoja técnica: aunque existe presencia policial en el predio —que es compartido con un Parque Educativo y un centro vecinal—, un convenio entre la Provincia y la Municipalidad impide que el efectivo salga del sector del Parque Educativo para intervenir en los otros edificios municipales. Ante la falta de respuestas, la policía sugirió que los propios vecinos paguen un servicio adicional de seguridad, opción que la comunidad rechaza por la difícil situación económica actual.
Finalmente, tras el inicio de movilizaciones y reclamos vecinales, una empresa privada comenzó tareas de reparación en el edificio. Sin embargo, los residentes mantienen el estado de alerta y han programado reuniones con las autoridades policiales de la zona para exigir una solución definitiva al estado de abandono, que incluye no solo la inseguridad, sino también falta de insumos, medicamentos y mantenimiento edilicio básico.
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