Con salarios docentes estancados en los 360.000 pesos frente a una canasta básica millonaria en Córdoba, la comunidad universitaria exige la aplicación de una ley aprobada hace más de 200 días que el Ejecutivo se niega a ejecutar.
La situación salarial en el ámbito universitario ha alcanzado niveles críticos. Según se detalla en las fuentes, un profesor titular de cátedra percibe actualmente un sueldo de 360.000 pesos. Esta cifra resulta alarmante al contrastarla con el costo de vida en la ciudad de Córdoba, donde la canasta básica para una familia tipo de cuatro personas se sitúa en 1.500.000 pesos, sin contemplar el alquiler. En sectores cercanos al centro y Nueva Córdoba, los alquileres no bajan de los 700.000 pesos, lo que implica que se necesitarían casi dos sueldos docentes íntegros solo para cubrir la vivienda. Esta precariedad afecta no solo a los profesores, sino también a trabajadores no docentes y estudiantes, cuyos derechos se ven vulnerados en el contexto económico actual.
El conflicto se agrava por la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual ya fue aprobada hace más de 200 días. A pesar de contar con el aval legislativo, el Poder Ejecutivo ha evitado su aplicación mediante propuestas de reforma o posposiciones constantes. En las fuentes se cuestiona la postura del gobierno, señalando la contradicción de jactarse de un superávit fiscal mientras se retienen los salarios y no se cumplen las obligaciones legales ratificadas por los otros poderes de la República. Los representantes estudiantiles advierten que este accionar representa un desafío a la soberanía popular y al funcionamiento democrático.
Como respuesta a esta situación, se ha convocado a la cuarta marcha federal universitaria para el próximo día 12 a las 15:00 horas. El punto de concentración será el Monumento a la Reforma en Ciudad Universitaria, desde donde se movilizarán hacia el centro. Cabe destacar que esta protesta cuenta con el respaldo formal de la legislatura provincial, aprobado recientemente para garantizar la protección de la manifestación. El reclamo central de la movilización es la defensa de la Universidad Nacional de Córdoba y la exigencia de que el Poder Ejecutivo cumpla con la ley de financiamiento para asegurar la supervivencia de la educación pública.
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