En diálogo con Radio La Ranchada, González Olguín sostuvo que el actual régimen ya otorga ventajas extraordinarias a las empresas que invierten en Argentina y consideró que la propuesta de ampliarlo responde a la falta de resultados obtenidos hasta el momento. “Lo que vemos es una muestra de desesperación. Se les dice a las empresas que vengan, hagan lo que quieran, se lleven todo y no se les va a exigir prácticamente nada”, afirmó.
El especialista explicó que el RIGI permite que, a partir del tercer año de funcionamiento, las compañías exportadoras no estén obligadas a liquidar las divisas obtenidas en el país. “La idea era incentivar exportaciones, pero terminan llevándose los dólares sin ingresarlos a la Argentina. Es una situación muy difícil de justificar desde el punto de vista económico”, señaló.
González Olguín indicó que el régimen vigente recibió proyectos por alrededor de 81 mil millones de dólares, aunque remarcó que los desembolsos concretos han sido considerablemente menores. “Se anunciaron inversiones millonarias, pero hasta ahora ingresaron aproximadamente 1.200 millones de dólares. Mientras tanto, durante el último año hubo desinversiones por más de 4.200 millones de dólares. Es decir, se fueron más capitales de los que llegaron”, explicó.
Respecto al denominado “super RIGI”, detalló que estaría destinado a proyectos superiores a los mil millones de dólares y que incorpora mayores beneficios fiscales y aduaneros.
Entre ellos, mencionó una reducción significativa en el Impuesto a las Ganancias, exenciones totales en derechos de exportación, arancel cero para la importación de bienes de capital e insumos y la posibilidad de ingresar maquinaria usada sin restricciones. “Ni siquiera estaríamos incorporando tecnología de última generación. Se permitiría traer equipamiento usado sin pagar derechos de importación”, advirtió.
Además, cuestionó la eliminación de requisitos vinculados a la contratación de proveedores locales y al desarrollo de cadenas productivas nacionales. “El RIGI vigente exigía un piso de contratación local. El super RIGI flexibiliza aún más esas condiciones porque el Gobierno entiende que el esquema actual no está dando resultados”, señaló.
El economista también expresó preocupación por los compromisos de estabilidad fiscal previstos para los proyectos adheridos. “Se otorgan garantías por 30 años. Si en el futuro un gobierno considera que estas condiciones perjudican al país y decide modificarlas, podría enfrentar importantes costos e indemnizaciones”, explicó.
En ese sentido, sostuvo que este tipo de inversiones suelen generar lo que se conoce como “economías de enclave”, con escasa vinculación con el resto del aparato productivo. “Son inversiones que extraen recursos, generan pocos encadenamientos productivos y dejan escasos beneficios para las comunidades donde se desarrollan. Lo que interesa no es solamente que llegue una empresa, sino que se produzca desarrollo económico para el conjunto de la sociedad”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó experiencias internacionales en países como Angola y Nigeria, donde esquemas similares no lograron mejorar las condiciones de vida de la población.
Finalmente, González Olguín consideró que el desafío para Argentina debería ser avanzar en procesos de industrialización y agregado de valor, especialmente en sectores estratégicos como el litio. “Es una picardía exportar únicamente carbonato de litio cuando podríamos avanzar hacia la fabricación de baterías. Ese tipo de proyectos generan más empleo, más conocimiento y más desarrollo que limitarse a exportar recursos naturales”, concluyó.
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LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.
