El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, confirmó la presentación de declaraciones juradas rectificativas y reconoció haber mantenido ahorros no declarados por unos 500.000 dólares junto a su esposa. El funcionario negó haber cometido delitos, rechazó las acusaciones de enriquecimiento ilícito y aseguró que regularizará su situación tributaria pagando los impuestos correspondientes.
Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista televisiva en la que intentó responder a las denuncias y cuestionamientos que en los últimos meses pusieron bajo la lupa su patrimonio. Según explicó, los fondos provienen de inversiones realizadas en criptomonedas durante varios años y no de actividades incompatibles con la función pública.
“Cometí el error de haber ahorrado en negro”, sostuvo Adorni, quien aseguró que tanto él como su esposa desarrollaron actividades en el sector privado durante gran parte de sus vidas y que esos ahorros fueron acumulados antes de su ingreso al Gobierno nacional.
De acuerdo con su versión, comenzó a invertir fuertemente en bitcoins en 2013, destinando alrededor de 200.000 dólares a la compra de activos digitales. Según indicó, esas operaciones le generaron ganancias por aproximadamente 300.000 dólares adicionales. “Invertí unos 200 mil dólares y gané 300 mil”, afirmó.
El funcionario explicó que decidió presentar este miércoles las declaraciones juradas correspondientes a los períodos 2023 y 2024, además de adelantar la correspondiente al año en curso, cuyo vencimiento formal está previsto para el 31 de julio. “Voy a pagar hasta el último peso de impuestos”, aseguró.
La situación había generado crecientes cuestionamientos políticos y judiciales durante los últimos meses. Diversos sectores de la oposición reclamaban explicaciones sobre el crecimiento de su patrimonio y sobre la existencia de bienes y fondos que no aparecían reflejados en sus declaraciones anteriores.
Uno de los episodios que impulsó la polémica fue un viaje oficial a Estados Unidos en el que participó su esposa, Bettina Angeletti. La difusión de información vinculada a los gastos de traslado y estadía generó nuevas preguntas sobre el origen de los recursos y la evolución patrimonial del entonces vocero presidencial.
Adorni sostuvo que durante este tiempo evitó realizar declaraciones públicas porque debía respetar el proceso judicial en marcha. Sin embargo, aseguró que fue víctima de una “condena mediática” y afirmó que las acusaciones buscaron afectar indirectamente al presidente Javier Milei.
“El objetivo no soy yo, el objetivo es el Presidente”, manifestó. También señaló que recibió un fuerte respaldo tanto de Milei como de Karina Milei durante los momentos de mayor presión política.
En ese sentido, reconoció que inicialmente evaluó la posibilidad de presentar su renuncia. “Fue el primer impulso”, admitió. No obstante, aseguró que el apoyo recibido desde el Gobierno nacional lo convenció de permanecer en el cargo y afrontar las investigaciones correspondientes.
Respecto de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete afirmó que la presentación de las declaraciones juradas rectificadas constituye la principal herramienta para demostrar el origen de los fondos. “Tenía que demostrar que no era chorro”, relató sobre una recomendación que, según dijo, recibió de sus abogados.
La controversia también alcanzó la adquisición de una vivienda en el country Indio Cuá y la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. Ambos inmuebles forman parte de las operaciones patrimoniales que fueron objeto de análisis público y judicial.
Sobre la propiedad ubicada en el country, Adorni explicó que fue adquirida mediante un préstamo otorgado por un amigo. Según indicó, la operación se formalizó mediante una hipoteca con plazo de un año, mecanismo que calificó como “lícito y normal”.
Consultado sobre sus consumos con tarjetas de crédito y otros movimientos financieros, evitó brindar detalles y sostuvo que se trata de información protegida por la legislación vigente en materia de privacidad.
La última declaración jurada presentada antes de la rectificación correspondía a marzo de 2025. En ese documento había informado la posesión de dos departamentos, tenencias en dólares en efectivo y una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos.
Según aquella presentación, declaró 42.500 dólares en efectivo, una cuenta con saldo de 6.220 dólares en territorio estadounidense y 1.950.000 pesos en efectivo. Además, consignó ingresos anuales por más de 40 millones de pesos provenientes de su actividad laboral.
