El periodista Facundo Arzamendia denunció que una misión de Derechos Humanos fue retenida y deportada de Bolivia

Una delegación internacional integrada por legisladores, dirigentes sindicales, periodistas y referentes de derechos humanos fue retenida y posteriormente deportada de Bolivia cuando intentaba ingresar al país para constatar denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos.
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Entre los integrantes de la misión se encontraba Facundo Arzamendia, periodista de Radio Nacional y secretario de Prensa y Comunicación del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba (Cispren), quien relató lo sucedido durante una entrevista con Radio La Ranchada.

Según explicó, la delegación tenía como objetivo relevar denuncias vinculadas a reclamos sociales que se desarrollan desde principios de mayo en distintas regiones de Bolivia. “Comenzaron estos reclamos populares de las personas en la ruralidad y de los pueblos originarios, que vienen reclamando por mejores condiciones de vida y por el incumplimiento de algunas promesas del gobierno”, señaló.

Arzamendia contó que la misión había informado previamente su viaje a la Cancillería argentina, proporcionando los datos de los 15 integrantes de la comitiva. “Le anunciamos a la Cancillería que existía esta misión y les pasamos los nombres y datos de las personas que íbamos a viajar. La respuesta fue que el ingreso a Bolivia debía hacerse como turistas y que no iban a brindar asistencia legal ante cualquier inconveniente”, afirmó.

Sin embargo, el periodista sostuvo que al momento de realizar los trámites migratorios declararon expresamente que integraban una misión de derechos humanos. “Hay una declaración jurada donde consta que informamos que éramos una misión de derechos humanos. Incluso el propio agente migratorio terminó reconociendo que el error inicial había sido de Migraciones de Santa Cruz, que nos permitió ingresar al país”, indicó.

La delegación llegó a Bolivia realizando escala en Santa Cruz con destino final en La Paz. Una vez en el aeropuerto de El Alto, las autoridades migratorias cuestionaron su ingreso y les impidieron continuar con el viaje. “Nos querían enviar desde El Alto nuevamente a Santa Cruz para corregir nuestro estatus migratorio”, explicó.

Tras más de seis horas de discusión, los integrantes de la misión fueron obligados a abordar un vuelo de regreso. “Nos subieron a la fuerza al avión que volvía desde La Paz hasta Santa Cruz y allí nos mantuvieron encerrados. Después ingresó personal de Migraciones acompañado por la Policía boliviana para notificarnos que no podíamos ingresar al país”, relató.

Según Arzamendia, las autoridades argumentaron que la delegación no cumplía con algunos requisitos exigidos para los turistas, una explicación que rechazó de plano. “En mi notificación figura que no presenté reserva de hospedaje ni itinerario de viaje, algo que es falso. Teníamos pasajes de ida y vuelta y habíamos informado dónde íbamos a estar. El alojamiento estaba siendo organizado por la Central Obrera Boliviana”, aseguró. Finalmente, los 15 integrantes de la misión fueron trasladados en el mismo avión hacia Argentina y arribaron a Buenos Aires durante la tarde del lunes.

Tras lo ocurrido, los integrantes de la delegación impulsan distintas acciones para visibilizar la situación. Entre ellas, la realización de una audiencia en el Congreso de la Nación para informar sobre lo sucedido y analizar la actuación de las autoridades argentinas. “Se pidió también que tanto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas como distintos organismos internacionales de derechos humanos envíen delegaciones a Bolivia. Lo que nos pasó a nosotros no es nada comparado con lo que, lamentablemente, está ocurriendo allí”, sostuvo Arzamendia.

Además, reclamó la solidaridad de organismos internacionales y consideró necesario que se investiguen las denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La delegación estaba integrada por dirigentes sociales, sindicales, periodistas y representantes legislativos, entre ellos el diputado nacional Juan Marino y la legisladora porteña Mercedes Trimarco Abiasi, quienes evalúan impulsar nuevas acciones institucionales para dar seguimiento al caso.

Escuchá la nota completa con Facundo Arzamendia acá:

LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.

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