Walter Díaz, coordinador de la Sala Cuna en Villa La Tela, advierte sobre la crítica situación alimentaria que atraviesan cientos de niños debido a la falta de entrega de leche y un presupuesto de apenas 820 pesos por menor.
El programa de Salas Cuna en la ciudad de Córdoba atraviesa un momento de extrema vulnerabilidad. Walter Díaz, responsable del espacio en Villa La Tela que asiste a unos 260 niños, denunció que desde el mes de diciembre las familias no reciben la leche necesaria para el sustento de los menores. Según Díaz, aunque recientemente llegó algo de leche para consumo interno, la entrega directa a los hogares sigue interrumpida, afectando a niños de entre 45 días y 3 años que dependen de este recurso en sectores vulnerables.
Uno de los puntos más alarmantes de la denuncia es el mínimo incremento presupuestario otorgado por el gobierno provincial. Para el periodo de mayo a septiembre de 2026, el aumento destinado es del 0,62%, lo que representa un total de 820 pesos por niño. Díaz enfatizó la insuficiencia de este monto, señalando que con esa cifra apenas se pueden comprar un par de papas, una cebolla y unos pocos gramos de carne, lo cual atenta directamente contra la calidad nutricional de la infancia.
La gestión de los recursos también ha sumado complicaciones administrativas. El gobierno ha implementado un sistema de inscripción vía CIDI (Ciudadano Digital) para que los padres soliciten la leche, una medida que Díaz califica como una forma de «ganar tiempo» ante los siete meses de faltantes acumulados. Además, advirtió que muchas familias en sectores populares no cuentan con dispositivos o conocimientos tecnológicos para completar dicho trámite.
Finalmente, el coordinador destacó que las Salas Cuna han sido históricamente un programa fundamental para la salud y educación en los barrios, permitiendo a las madres trabajar mientras sus hijos reciben cuidado y alimento. Sin embargo, la realidad actual muestra un retroceso grave: los lunes, muchos niños regresan a las salas con hambre acumulada del fin de semana. Ante este escenario, se ha planteado la necesidad de judicializar la situación para obligar al Estado a cumplir con su deber de asegurar el sustento y crecimiento de los niños, considerando que la alimentación infantil debe ser vista como una inversión y no como un gasto.
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