El Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata presentó una acción judicial ante los tribunales federales para exigir la aplicación de la legislación argentina frente al avance del proyecto petrolero desarrollado en la cuenca norte de las Islas Malvinas. La presentación fue realizada días antes de la cadena nacional del presidente Javier Milei, en la que anunció un proyecto para endurecer las sanciones contra empresas que operen en el área sin autorización.
En diálogo con La Despensa, por Radio Comunitaria La Ranchada, Jerónimo Guerrero Iraola, abogado, magíster en Derechos Humanos, doctor en Ciencias de la Educación y representante legal del Centro de Excombatientes, cuestionó los anuncios realizados por el Gobierno nacional. “Nada nuevo bajo el sol”, sostuvo Guerrero Iraola al ser consultado sobre la cadena nacional. Según explicó, la denominada Ley Pino Solanas, vigente desde 2012 y unificada en 2013, ya contempla sanciones para quienes desarrollen actividades ilegales sobre la plataforma continental argentina.
El abogado cuestionó que, durante casi tres años de gestión, el Gobierno nacional no haya utilizado esas herramientas legales. “No ha hecho nada, no ha echado mano de esa norma, no ha mandado ni una carta documento intimando o notificando”, señaló. Por ese motivo, consideró que el anuncio presidencial constituye “una tomada de pelo para el pueblo argentino”.
En ese marco, Guerrero Iraola habló de una “galtierización” de la política del Gobierno y vinculó el anuncio con la situación política y económica de la gestión de Milei. Según su lectura, el discurso sobre Malvinas y soberanía busca recuperar la iniciativa frente al desgaste producido por las políticas económicas y sociales.
También manifestó preocupación por el alineamiento del Gobierno argentino con Estados Unidos y, particularmente, por la propuesta de una base naval integrada. Guerrero Iraola recordó los antecedentes de la relación entre Estados Unidos, Reino Unido y Argentina durante la Guerra de Malvinas y cuestionó la expectativa de que Washington pueda acompañar una política argentina de recuperación de soberanía sobre las islas. “Pensar que Estados Unidos va a ser condescendiente con el pueblo argentino y va a estar a favor de la emancipación nacional o de la liberación nacional, es de un nivel de cinismo y perversión enorme, o al menos ingenuidad”, afirmó.
El representante legal del Centro de Excombatientes también señaló una contradicción entre el discurso soberanista del Gobierno y otras iniciativas impulsadas por la gestión de Milei. Como ejemplo, mencionó el intento de modificar la legislación sobre tierras, que —según explicó— hubiera facilitado la extranjerización de tierras argentinas.
Guerrero Iraola sostuvo que ese proceso generó una reacción social en defensa del territorio nacional y que el Gobierno terminó postergando la discusión. En ese sentido, destacó la importancia de la movilización social para frenar medidas que considera contrarias a la soberanía.
A su entender, este escenario se combina con el deterioro de las condiciones económicas y sociales. “Nuestro pueblo está sobreendeudado, no estamos llegando a fin de mes, los pibes se nos están suicidando, nuestros viejos no pueden acceder a medicamentos y los cagan a palos todos los miércoles en la ronda de jubilados”, expresó.
Para Guerrero Iraola, el anuncio presidencial logró, al menos temporalmente, modificar la agenda pública. “En algún punto lo logró, porque estamos todos hablando desde hace tres días de este anuncio”, señaló. Sin embargo, insistió en que no considera al Gobierno de Milei como una administración soberanista, sino como un gobierno que, desde diciembre de 2023, desarrolla “un plan sistemático de entrega de la soberanía”.
Finalmente, se refirió a la acción judicial presentada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata ante la Justicia Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La presentación reclama que se aplique la legislación y la Constitución argentina sobre las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la plataforma continental.
El planteo apunta particularmente a las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration y al proyecto petrolero León Marino, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Según Guerrero Iraola, la aplicación de las leyes ambientales y de hidrocarburos permite caracterizar esas actividades como ilegales. “Le dijimos a la jueza: usted tiene que aplicar la legislación argentina y exigimos que declare la ilegalidad manifiesta y ordene, a través de una medida cautelar, el cese y la abstención de cualquier actividad que permita continuar con la explotación y eventual explotación de esta cuenca”, explicó.
El abogado sostuvo que los anuncios realizados por el Gobierno nacional no modifican la situación judicial, ya que hasta el momento no se iniciaron nuevos procedimientos ni se concretaron las sanciones anunciadas. Además, recordó que existe una causa penal promovida por el Estado Nacional en 2015.
Desde el Centro de Excombatientes esperan que la Justicia actúe con rapidez y declare la ilegalidad de las actividades petroleras desarrolladas en la zona. “Es momento y es imprescindible que la Justicia, como un poder del Estado, declare la ilegalidad manifiesta de estas tareas de explotación y le brinde un mensaje muy claro y muy contundente al Reino Unido y, sobre todo, a las empresas privadas, de que en Argentina el saqueo y el colonialismo no van más”, concluyó Guerrero Iraola.
Escuchá la nota completa con Jerónimo Guerrero Iraola acá:
LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.
