La reglamentación del nuevo Régimen Penal Juvenil volvió a poner en debate la edad de imputabilidad y las políticas de seguridad destinadas a niños, niñas y adolescentes. La Ley 27.801 establece un régimen que alcanza a jóvenes de entre 14 y 18 años y reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual pueden ser sometidos a una sanción penal.
Para analizar los alcances de la medida, Radio La Ranchada dialogó con Valeria Plaza, abogada, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Sociales. La especialista explicó que la reglamentación forma parte de un proceso iniciado el año pasado con la sanción de la ley y que establece aspectos vinculados con su aplicación, mientras que las provincias deberán adaptar sus propias normas procedimentales.
Plaza recordó que no es la primera vez que en Argentina se intenta reducir la edad de imputabilidad desde el retorno de la democracia. “Muchos gobiernos apelaron e intentaron proyectos de este tipo y no habían resultado exitosos”, señaló. En esta oportunidad, sostuvo, la principal modificación es que la imputación penal tradicional puede aplicarse desde los 14 años.
Para la investigadora, el punto central de preocupación está en las medidas que habilita la normativa y, particularmente, en la posibilidad de recurrir al encierro frente a distintas conductas. Si bien la ley contempla establecimientos diferenciados para personas menores de edad, Plaza cuestionó que la intervención punitiva pueda extenderse más allá de los delitos graves. “Lo que me parece que está demostrado que ha fracasado en otro contexto es justamente no pensar la punición ante cualquier conducta”, afirmó. En ese sentido, diferenció los delitos graves, frente a los cuales considera necesaria una intervención estatal, de otros conflictos que podrían abordarse mediante alternativas comunitarias. “Pensar que el sistema penal va a resolver esto es un error”, sostuvo.
La especialista también se refirió a la decisión de una jueza de Lomas de Zamora, que suspendió por 60 días la aplicación de la ley nacional al considerar que no existen condiciones materiales e institucionales suficientes para alojar y asistir a más adolescentes y jóvenes. Plaza consideró que esa situación no constituye una excepción y advirtió sobre la crisis que atraviesan actualmente los sistemas de encierro.
En ese sentido, señaló que las cárceles para adultos se encuentran superpobladas y que los establecimientos destinados a niños y adolescentes también atraviesan situaciones de vulneración de derechos. “Sabemos que el encierro solo no modifica conductas, no resuelve, más bien las profundiza”, afirmó, y remarcó que en el caso de niños y adolescentes es todavía más grave porque se trata de una etapa en la que el Estado debería buscar alternativas a la privación de la libertad.
Plaza también apeló al sentido común y a la necesidad de intervenir tempranamente frente a los conflictos. Consideró que, en un contexto de escasez presupuestaria y con un sistema penal que ya presenta dificultades para garantizar condiciones adecuadas, recurrir al encierro sin contar con recursos, infraestructura y personal capacitado puede generar consecuencias contraproducentes. “Vivimos sociedades violentas y es importante que podamos dar respuestas a esto, que no naturalicemos la violencia, pero con más violencia y solo encierro, en lugares sin presupuesto de personal capacitado, lamentablemente creo que vamos a llegar a la autoprofecía cumplida”, advirtió.
Finalmente, la investigadora sostuvo que una política orientada exclusivamente al castigo podría terminar generando mayores niveles de violencia y criminalidad en el futuro. “En lugar de reducir la criminalidad, que es la que nos preocupa a todos y todas, van a generar mayores condiciones de criminalidad, de hostilidad, de violencia, que socialmente la vamos a pagar caro en unos años”, concluyó.
Escuchá la nota completa con Valeria Plaza acá:
LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.
