La inflación registró una suba del 1,7% durante agosto y mostró una leve desaceleración respecto de julio, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato fue celebrado por el Gobierno nacional como una señal positiva del programa económico, aunque distintos indicadores muestran que la moderación de los precios convive con una economía que mantiene signos de recesión.
En lo que va del año, la inflación acumulada alcanza el 21%, mientras que durante los últimos cuatro meses las variaciones mensuales se mantuvieron en torno al 2%. Las proyecciones privadas estiman que la inflación podría continuar moviéndose en una franja de entre 1,5% y 2,5% mensual durante los próximos meses, aunque la evolución dependerá de variables como el dólar, las tarifas y el nivel de actividad económica.
Uno de los datos que se repite desde el inicio de la actual gestión es que los servicios continúan aumentando por encima del promedio general. En ese sentido, los precios regulados acumulan una suba superior a la inflación general, impulsados principalmente por los incrementos en tarifas de transporte, agua, electricidad, gas y otros servicios.
Este escenario abre un debate sobre la estrategia que podría adoptar el Gobierno en los próximos meses. Una moderación en los aumentos de tarifas podría ayudar a contener el índice general, aunque la inflación núcleo muestra que la dinámica de los precios no depende únicamente de los valores regulados.
Durante agosto, la inflación núcleo fue del 1,8%. Se trata de un indicador relevante porque excluye los productos afectados por factores estacionales, como frutas y verduras, y también aquellos precios regulados directamente por el Estado.
Por eso, aun si el Gobierno decidiera limitar o congelar los aumentos tarifarios, el impacto sobre la inflación general podría ser menor al esperado. La persistencia de la inflación núcleo muestra que todavía existen aumentos en sectores de la economía que no dependen directamente de las decisiones sobre tarifas.
Entre los factores que explican la desaceleración de los precios aparece también la evolución del tipo de cambio. Durante el año, el dólar registró una variación inferior a la inflación acumulada, lo que permitió evitar una mayor presión sobre los precios internos.
La estabilidad cambiaria funcionó como una de las principales anclas del programa económico, junto con el ajuste fiscal y la reducción del gasto público. Sin embargo, una eventual aceleración del ritmo devaluatorio en los próximos meses podría trasladarse nuevamente a los precios y dificultar la continuidad del proceso de desaceleración.
Otro de los puntos que genera preocupación es la situación de la actividad económica. Los últimos datos muestran caídas en sectores clave como la industria y la construcción, dos actividades con fuerte impacto en el empleo y el consumo.
La actividad manufacturera registró en julio una caída interanual del 5%, mientras que algunos sectores acumulan retrocesos aún mayores. Por su parte, la construcción también mostró una baja del 4,5% en comparación con el mismo período del año anterior.
Estos indicadores refuerzan la preocupación por el impacto de la recesión sobre la economía. En este contexto, la menor demanda y la caída del consumo aparecen como uno de los factores que ayudan a limitar los aumentos de precios.
La principal incógnita para los próximos meses será si el Gobierno logra mantener la desaceleración de la inflación al mismo tiempo que recupera el nivel de actividad. Una eventual reactivación económica podría impulsar nuevamente el consumo y generar presión sobre los precios si no se consolida un proceso de estabilidad más profundo.
Por el momento, el dato de agosto muestra una inflación más moderada, aunque todavía lejos de romper de manera sostenida el piso cercano al 2% mensual. El desafío para el Gobierno será avanzar hacia una menor inflación sin que el costo de esa desaceleración continúe recayendo sobre la actividad económica, el empleo y el poder adquisitivo de los ingresos.
