Luego de la presentación del proyecto de Presupuesto 2027 y de los reclamos de organizaciones y familias, la discusión sobre las políticas destinadas a las personas con discapacidad volverá al Congreso. Este miércoles 23 de septiembre se reunirá la Comisión de Discapacidad junto con la de Presupuesto y Hacienda para abordar distintos proyectos vinculados al sector. La Cámara de Diputados registró una reunión conjunta de ambas comisiones el 16 de septiembre.
En diálogo con La Despensa, Patricia Giussani, integrante de Familias de Personas con Discapacidad, describió el escenario como “muy, muy complicado” y señaló que el proyecto no afecta únicamente al financiamiento de las prestaciones. “Dentro del presupuesto no solamente estaba el tema del fin del nomenclador único, que era una modificación a la Ley 24.901. Es inconstitucional hacerlo”, sostuvo.
Giussani explicó que otro de los puntos que genera preocupación es la modificación de las condiciones de compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el trabajo registrado. “Que una persona con discapacidad pueda tener un trabajo en blanco registrado sin perder su pensión por discapacidad es un tema muy importante para la inclusión social de las personas con discapacidad”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó la idea de que una persona que consigue un empleo registrado ya no debería recibir una pensión. “La pensión no contributiva no es por incapacidad laboral, sino que es para un equilibrio social”, explicó. Y agregó: “Una persona con discapacidad ya tiene menores posibilidades de conseguir trabajo. Ya es difícil conseguir trabajo normalmente; si tenés discapacidad, es mucho peor”.
La dirigente también hizo hincapié en los mayores costos que afrontan las personas con discapacidad. “Todo lo que es los costos, el costo de vida de una persona con discapacidad, es más alto que el resto de la población”, señaló. Entre esos gastos mencionó transporte, movilidad, adaptaciones en los hogares y alimentación, entre otros. “Esta rampa hacia arriba que le pone la sociedad a las personas con discapacidad, esta compensación monetaria era una forma de equilibrarla un poquito”, sostuvo.
Giussani recordó que la Ley de Emergencia en Discapacidad establece que una persona puede mantener la pensión mientras sus ingresos laborales no superen el equivalente a dos salarios mínimos y que, si pierde el empleo, la prestación se retoma automáticamente. “Ahora no se están dando pensiones. O sea que directamente lo que estás haciendo es pedirle a las personas con discapacidad que no salgan a trabajar en blanco”, advirtió. “Si llegan a perder la pensión, después no la recuperan más”.
Para la integrante de Familias de Personas con Discapacidad, la discusión excede ampliamente el capítulo específico destinado al sector. “Todo tiene un poco que ver con todo. Todo está atado. No somos una isla”, afirmó. En ese marco, explicó que el financiamiento de buena parte de las prestaciones se vincula con los aportes de trabajadores registrados y que la caída del empleo formal también repercute sobre los recursos disponibles.
“Al bajar el número de trabajadores registrados, esa recaudación baja y, por ende, esto es un círculo vicioso”, sostuvo. Por eso, planteó que el reclamo no se limita a modificar un único apartado del proyecto: “No solo estamos pidiendo que se baje totalmente el capítulo 6 del presupuesto, sino que realmente hay un montón de puntos del presupuesto donde, en forma indirecta, atentan contra nosotros”.
Giussani también relacionó la situación de discapacidad con las dificultades que atraviesan otros sectores sociales, como jubilados, personas con enfermedades graves y niños y niñas. En ese tramo de la entrevista utilizó una caracterización política del Gobierno nacional y sostuvo: “Me hago cargo de mis palabras: como buena característica de un gobierno con ideología fascista, realmente proponen el exterminio de ciertos sectores”. Luego sintetizó su posición con una expresión aún más contundente: “Lo que están proponiendo es directamente una eutanasia social”.
Más allá de las prestaciones terapéuticas, remarcó que la crisis alcanza al conjunto del sistema. “Nosotros escuchamos mucho hablar de los prestadores y es cierto: las prestaciones están en un momento crítico. Pero hay un montón de otras cosas que involucran a la discapacidad que no es solo la prestación de una terapia”, explicó.
La definición de lo que ocurra en el Congreso durante esta semana será, según Giussani, determinante para la continuidad de la emergencia en discapacidad. La Ley 27.793 estableció la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. “Nos estamos jugando al todo o nada”, afirmó.
La dirigente convocó a acompañar la movilización prevista para este miércoles, cuando las organizaciones buscarán impulsar un dictamen de mayoría que permita avanzar con la prórroga. “Es fundamental para poder mantener la prórroga de la ley que consigamos un dictamen de mayoría ese día”, sostuvo.
Finalmente, Giussani llamó a la sociedad a involucrarse en el reclamo. “Los invitamos a todos, por favor, que se enteren de lo que está pasando, que nos apoyen como sea, en redes sociales, que vengan a las plazas”, expresó. En Córdoba, anticipó que las organizaciones se concentrarán durante la jornada, aunque al momento de la entrevista todavía no estaba confirmado el horario y lugar exactos de la convocatoria.
Escuchá la nota completa con Patricia Giussani acá:
LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.
