La integrante de la Campaña Federal por la Emergencia en Discapacidad, Julia Domínguez, señaló que la norma aprobada en el Senado no resuelve los problemas de fondo y llamó a reorganizarse frente al próximo debate del Presupuesto 2027.
Tras la aprobación por unanimidad en la Cámara de Senadores de la nueva ley de discapacidad, la licenciada en psicopedagogía e integrante de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) y de la Campaña Federal por la Emergencia en Discapacidad, Julia Domínguez, manifestó una postura crítica sobre la medida. En declaraciones radiales, afirmó que el proyecto —impulsado de origen por el oficialismo de La Libertad Avanza con indicaciones de la oposición— responde a una «política de escritorio» orientada al ajuste explícito del sector.
Domínguez enfatizó que «no hay nada que celebrar» y que el colectivo de discapacidad se mantiene en estado de alerta. Según explicó, al no haberse debatido una ley marco de emergencia que designe un presupuesto específico, la normativa aprobada deja al sector en condiciones muy hostiles, ya que explicita que no se podrán reclamar las compensaciones por el atraso de los aranceles y precariza el nomenclador. En esa línea, recordó lo ocurrido durante el tratamiento de la ley en Diputados, período en el cual se registraron atrasos en los pagos a los prestadores y la posterior suspensión de más de 21.000 pensiones.
De cara a los próximos pasos, la referente indicó que la discusión central se trasladará al Presupuesto 2027, donde el Gobierno deberá explicar cómo piensa sostener las partidas tras haberse retirado el capítulo 6 de recortes. En este contexto, confirmó que desde ATI se encuentran convocando al Encuentro Nacional de Salud, a realizarse el próximo 28 de este mes en la sede de la UTN, para construir respuestas colectivas y comunitarias frente a la situación.
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