Centros de jubilados en emergencia: desfinanciación, riesgo de cierres y la lucha por sostener la contención comunitaria en Córdoba

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Representantes de la Federación de Centros de Jubilados y Pensionados Independientes de Córdoba advierten sobre el impacto de los recortes de subsidios, la pérdida de médicos de cabecera y la parálisis del diálogo institucional, mientras articulan alianzas estratégicas para defender los derechos de los adultos mayores.

La Federación de Centros de Jubilados y Pensionados Independientes de Córdoba, a través de su presidenta Alicia Vysin y su secretaria Adriana Lion, alertó sobre la crítica situación económica y prestacional que atraviesan las instituciones barriales. Debido al desfasaje entre el aumento de costos y la marcada reducción de aportes oficiales, diversos centros que alquilan sus inmuebles se encuentran en riesgo inminente de cierre o ya han tenido que cesar sus actividades.

A pesar de que la cuota societaria es de apenas 1.000 pesos, muchos afiliados no pueden afrontarla por la precariedad de sus ingresos, obligando a las comisiones directivas a realizar bingos y rifas para subsistir. Desde la organización explicaron que el subsidio de PAMI para gastos de funcionamiento se redujo a 70.000 pesos, una cifra totalmente insuficiente para cubrir alquileres, agua, luz e impuestos. Esta crisis compromete el rol fundamental de contención social, recreación y prevención de la soledad que brindan los centros en los barrios.

A la problemática edilicia se suma el deterioro en la atención médica y en los talleres de formación. Las dirigentes señalaron que la quita de médicos de cabecera en las sedes y la reducción de la cápita a la mitad provocaron el alejamiento de profesionales sanitarios. En simultáneo, el pago dispuesto por PAMI para talleristas asciende a solo 60.000 pesos mensuales, dificultando la contratación de docentes.

La desarticulación prestacional se refleja además en el colapso de la sede central del instituto —agravado por la falta de reemplazo de personal tras retiros voluntarios— y en la derivación no comunicada adecuadamente de 15.000 afiliados al Hospital Nacional de Clínicas tras la baja del Sanatorio del Salvador.

Desde la federación denunciaron además la falta de comunicación con las actuales autoridades del organismo y la interrupción del Consejo Participativo, un espacio contemplado en la Ley 19.032 de creación de PAMI para canalizar los reclamos de los jubilados y planificar acciones conjuntas. Ante la falta de respuestas oficiales, la federación ha impulsado una red de cooperación institucional para brindar asistencia contable y legal gratuita a los centros vulnerables.

Entre las alianzas estratégicas se destacan los acuerdos con la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC para la gestión de redes sociales, relevamientos con el Centro Oftalmológico Che Guevara y la labor junto al Colegio de Escribanos de Córdoba para brindar asesoramiento gratuito sobre directivas anticipadas y protección de los derechos de las personas mayores.

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LAS TRES T (TIERRA, TECHO Y TRABAJO). Sábados de 09:00 a 12:00hs, con Daniel Rivera.
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