En el marco del 70° aniversario de la masacre de José León Suárez, la Justicia Federal reconoció esta semana la responsabilidad del Estado argentino en los asesinatos perpetrados por integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956.
La resolución judicial constituye un hecho histórico para los familiares de las víctimas y para los organismos que impulsaron durante décadas el reclamo de verdad y justicia sobre uno de los episodios más emblemáticos de la represión política en Argentina.
En diálogo con Radio La Ranchada, el abogado querellante de la causa, Alberto Palacio, recordó que los hechos ocurrieron en el contexto del levantamiento encabezado por el general Juan José Valle contra la autodenominada Revolución Libertadora. «Militares y policías irrumpieron en una vivienda sin ningún tipo de orden de allanamiento ni de detención y secuestraron a doce muchachos que estaban reunidos escuchando una pelea de boxeo y esperando noticias sobre el levantamiento del general Valle», relató.
Según explicó, los detenidos fueron trasladados primero a la jefatura regional de San Martín y luego llevados a un descampado conocido como los basurales de José León Suárez. «Sin ningún tipo de explicación, sin sumario y sin derecho de defensa, dijeron que iban a aplicarles la ley marcial y los llevaron a un descampado donde abrieron fuego contra ellos en un intento de fusilamiento. Cinco muchachos murieron en el acto y siete lograron sobrevivir y escapar durante la madrugada», detalló.
Aquellos acontecimientos fueron inmortalizados años más tarde por el periodista y escritor Rodolfo Walsh en su emblemática obra Operación Masacre, considerada una de las investigaciones periodísticas más importantes de la historia argentina.
Palacio destacó que el reciente fallo es el resultado de una larga lucha impulsada por familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos. «Después de 70 años logramos llegar a un juicio oral y público en democracia. Consideramos que fue algo histórico porque un órgano de la Constitución como el Poder Judicial dictó una sentencia condenatoria del Estado dictatorial y de cada uno de los represores», afirmó.
La causa comenzó formalmente en junio de 2022 y atravesó un extenso proceso de recolección de pruebas antes de llegar a juicio. «La denuncia la hicimos en junio de 2022 y estuvimos hasta fines del año pasado reuniendo pruebas. Después pedimos la elevación a juicio y la jueza hizo lugar al planteo. Llegar a una instancia de estas características no es sencillo y por eso lo vivimos con mucha expectativa», explicó.
El abogado señaló que la sentencia fue recibida con emoción tanto por quienes impulsaron la querella como por las familias de las víctimas. «Lo vivimos con una enorme emoción. Haber acompañado a las familias durante todos estos años y lograr una sentencia condenatoria es algo muy importante. Las familias también lo vivieron como un acto reparatorio fundamental para la memoria de sus seres queridos», expresó.
Asimismo, remarcó que el fallo adquiere una relevancia institucional significativa porque deja asentada judicialmente la ilegalidad de las ejecuciones y la responsabilidad del Estado. «Estos tipos aplicaron una pena de muerte que era inconstitucional y además aplicaron una ley de manera retroactiva. Los detenidos habían sido secuestrados antes de que se difundiera la ley marcial que pretendían utilizar como argumento para ejecutarlos», sostuvo.
En ese sentido, consideró que la resolución fortalece la memoria democrática y el compromiso con los derechos humanos. «La importancia es que el Poder Judicial tome todas las pruebas y diga claramente: esto fue una vergüenza, esto fue un crimen de Estado, esto formó parte de un plan sistemático de represión. Es un hecho muy trascendente para la historia institucional argentina, para las víctimas, para sus familias y para todo el pueblo», concluyó.
Escuchá la nota completa con Alberto Palacio acá:
LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.
