El Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y la Red de Medios Digitales (RMD), integrantes de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios (CMCC), junto al Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), presentaron un informe sobre la distribución de la pauta oficial del Gobierno provincial durante 2025. El relevamiento, elaborado a partir de datos oficiales del Portal de Transparencia de la Provincia, sostiene que los recursos destinados a publicidad oficial se concentraron mayoritariamente en agencias de publicidad, consultoras y grandes empresas mediáticas, mientras que los medios comunitarios y cooperativos recibieron una participación mínima.
Según el informe, durante 2025 el Gobierno de Córdoba ejecutó $30.332 millones en concepto de publicidad oficial, distribuidos entre 1.505 proveedores. Sin embargo, apenas 33 de ellos concentraron aproximadamente el 50% de los recursos. De ese grupo, sólo nueve corresponden a medios de comunicación, mientras que el resto está integrado por agencias de publicidad, productoras audiovisuales, consultoras y empresas vinculadas a la comunicación institucional.
Entre los medios que más pauta recibieron se encuentran Telecor (El Doce), con $1.831 millones; Televisión Federal S.A. (Telefé), con $1.142 millones; Radiodifusora del Centro (Cadena 3), con $1.073 millones; La Voz del Interior, con $776 millones; América TV, con $561 millones; Imperio Televisión (Canal 13 de Río Cuarto), con $479 millones; Radio Mitre, con $352 millones; MTV Networks, con $350 millones y Editorial Perfil con $211 millones.
El informe también destaca que las empresas del Grupo Clarín —Telecor, La Voz del Interior y Radio Mitre— recibieron en conjunto cerca de $3.000 millones, equivalentes a aproximadamente el 10% de toda la pauta oficial distribuida durante el año.
Además, una parte importante de los recursos quedó en manos de agencias de publicidad y consultoras. Entre ellas figuran las filiales del grupo Dentsu, IPROSPECT MEDIA S.A. y CARAT ARGENTINA S.A., que en conjunto percibieron alrededor de $2.600 millones.
En contraste, el relevamiento realizado sobre 42 medios comunitarios y cooperativos muestra que sólo 27 accedieron a pauta oficial durante 2025 y que, en conjunto, recibieron apenas el 0,32% del total distribuido por la Provincia.
De acuerdo con el estudio, un medio digital cooperativo obtuvo en promedio $7,7 millones durante todo el año, mientras que una radio comunitaria recibió cerca de $2 millones. Los autores comparan esos montos con los asignados a los grandes grupos de comunicación y sostienen que un medio digital cooperativo necesitaría más de cien años para reunir lo que La Voz del Interior recibió en un solo año, mientras que una radio comunitaria requeriría aproximadamente 544 años para alcanzar el monto percibido por Cadena 3 durante 2025.
Las organizaciones señalaron que esta situación afecta la diversidad de voces y el pluralismo informativo. En ese sentido, recordaron que el acceso a la información constituye un derecho humano y que la publicidad oficial debe distribuirse con criterios públicos, transparentes, federales y democráticos, evitando mecanismos de concentración o discriminación.
Asimismo, indicaron que desde 2024 solicitaron reuniones con el entonces Ministerio de Comunicación, Protocolo y Vinculación Comunitaria para abordar la situación de la pauta oficial. Según expresaron, la última reunión se realizó en julio de 2025 y, pese a los compromisos asumidos por las autoridades, gran parte de los medios comunitarios y cooperativos continúa con dificultades para acceder a estos recursos.
Entre los principales reclamos, la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios solicita establecer criterios objetivos y transparentes para la asignación de la publicidad oficial, restablecer un canal permanente de diálogo con el Ministerio de Comunicación, garantizar la no discriminación de los medios comunitarios y cooperativos y aplicar el criterio previsto en el artículo 53 de la Ley de Presupuesto provincial, que promueve destinar al menos el 5% de las contrataciones estatales a proveedores de pequeña escala en situación de vulnerabilidad social.
Finalmente, las organizaciones convocaron a universidades, sindicatos, organismos públicos, cooperativas, organizaciones sociales y de derechos humanos a conocer y difundir el informe, con el objetivo de promover un debate sobre el rol del Estado en la distribución de la publicidad oficial y su impacto en la libertad de expresión, el derecho a la información y la pluralidad del sistema de medios.
