En un contexto marcado por denuncias reiteradas de violencia institucional en la provincia, la referente de Patria Grande Córdoba, Constanza “Coti” San Pedro, participó de una entrevista en Radio Comunitaria La Ranchada donde analizó la situación de la seguridad, presentó los objetivos del Mapa de la Policía y cuestionó con dureza las políticas implementadas por el gobierno provincial y nacional.
Durante la charla, San Pedro explicó que el Mapa de la Policía es una iniciativa colectiva impulsada por organizaciones y personas que desde hace años trabajan contra los abusos de las fuerzas de seguridad. “El mapa es una red de personas y organizaciones que venimos trabajando hace mucho tiempo contra la violencia policial e institucional y diseñando estrategias comunes para hacer frente a esta problemática”, señaló.
La dirigente remarcó que la herramienta funciona como una plataforma virtual para registrar denuncias y visibilizar situaciones que muchas veces permanecen ocultas, salvo en casos extremos que logran repercusión pública. En ese sentido, mencionó episodios recientes ocurridos en la provincia, como el asesinato de Amuel Tobares, ocurrido en noviembre del año pasado. “Fue matado a golpes por la policía al grito de ‘puto de mierda’, una situación terrible”, recordó. También citó el caso de la madre de Delicia Mamani, a quien —según relató— no le tomaron la denuncia cuando intentó reportar la desaparición de su hija en una unidad judicial. Para San Pedro, este tipo de hechos “enlentecen los procesos” y refuerzan la necesidad de que exista control ciudadano.
Además de permitir la carga de reportes, destacó que el Mapa brinda información útil para la población, como la ubicación de unidades judiciales, los trámites que se pueden realizar en cada una y guías sobre cómo actuar ante situaciones de violencia o desaparición. “También incluimos herramientas sobre cómo filmar estos hechos para que luego puedan servir como pruebas”, explicó.
San Pedro subrayó que uno de los aportes centrales de la plataforma es permitir identificar patrones sistemáticos de abuso más allá de los casos fatales. “La violencia policial no es solo estos casos extremos de muerte. También existen microsituaciones: hostigamientos, detenciones arbitrarias, sobre todo en barrios populares que están profundamente invisibilizados”, afirmó.
En ese marco, cuestionó lo que definió como una orientación política del gobierno provincial que, según sostuvo, tiende a estigmatizar a los sectores más vulnerables. “Hoy existe una intencionalidad de criminalizar y estigmatizar a los sectores populares, como sucede con naranjitas, limpiavidrios o personas en situación de calle, que se ven sometidos sistemáticamente por parte de la policía a múltiples formas de violencia”, advirtió, y agregó que incluso estas prácticas buscan legitimarse a través de reformas al Código de Convivencia.
Al referirse específicamente a la política de seguridad de Córdoba, fue aún más contundente. “Tenemos una policía de extrema violencia y agresividad en los sectores populares. Eso históricamente no es nuevo, pero ahora hay una exacerbación de discursos que criminalizan a los excluidos y que se convierten en bandera política”, sostuvo. En ese sentido, criticó operativos recientes en plazas públicas: “Quinteros ha ido a ‘limpiar’ esas plazas deteniendo a personas en situación de calle. Me parece una muestra de una política de seguridad que reproduce la exclusión”.
Para la dirigente, el debate de fondo debería ir en otra dirección. “Hay que pensar otras estrategias para hacer frente a la inseguridad, pero desde la justicia social y no desde la criminalización que protege a unos pocos”, planteó.
San Pedro también se refirió a la discusión nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad, impulsada por el gobierno nacional, y se mostró contraria a esa iniciativa. “Todos los estudios en materia de seguridad demuestran que aumentar las detenciones de jóvenes no resuelve el problema cultural de la inseguridad”, afirmó. Y agregó: “Si los pibes tienen escuelas, trabajo, clubes de barrio y condiciones básicas para vivir, no van a delinquir”.
En esa línea, sostuvo que el endurecimiento penal no atacará las causas estructurales del delito. “Eso no se resuelve permitiendo que pibes más jóvenes sean detenidos. No se soluciona con más cárcel ni con más policía, sino con más escuelas, más clubes y más trabajo”, concluyó.
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