El gobierno nacional, bajo la resolución 76/2025, busca desprenderse de una propiedad de la AFIP (ARCA) en pleno centro cordobés, frustrando el anhelo de un edificio propio y sumando una nueva preocupación a los trabajadores de la dependencia, quienes ya enfrentan despidos, cierres de oficinas y congelamiento salarial.
Córdoba, 22 de mayo de 2024. – La seccional Córdoba de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), conocida actualmente como ARCA, ha manifestado su rotundo rechazo a la decisión del gobierno nacional de declarar «innecesario y sin destino» un valioso terreno de su propiedad, ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba, para su posterior subasta. Javier Varetto, secretario general de la organización, advirtió que esta medida forma parte de una política de desguace del Estado y un gran negocio inmobiliario.
El terreno en cuestión, situado en las calles Tucumán y Humberto Primo, fue adquirido por la AFIP en su momento con dinero de los contribuyentes al gobierno de la provincia de Córdoba. Desde hace años, representaba la esperanza de construir el edificio propio de la Dirección Regional Córdoba, la segunda en importancia del país, que actualmente debe afrontar cuantiosos alquileres. Según Varetto, «la venta de esta propiedad, ofrecida ya en la web de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), consolidaría una lógica que no se entiende«.
Esta situación se enmarca en un contexto de constantes ataques que la dependencia viene sufriendo desde el año pasado, incluyendo intentos de despidos de personal, el cierre de 21 distritos y 35 receptorías, y un congelamiento salarial desde 2024.
La seccional cordobesa de AEFIP no descarta acudir a la justicia para frenar lo que consideran un vaciamiento del patrimonio nacional, recordando el precedente de una medida cautelar que frenó una venta similar el año pasado, en el caso de «La Perla Chica». Varetto indicó que la necesidad de dólares del gobierno nacional lo impulsa a operar en un modo inmobiliario, poniendo a la venta cerca de 400 terrenos y edificios de la administración pública.