A partir de la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 enviado por el Gobierno Nacional se derogó la Ley de Alquileres N° 27.551, sancionada en 2020 y modificada en 2023, de esta manera los alquileres quedaron liberados al común acuerdo entre inquilinos y propietarios. Para analizar como influye la desregulación de este sector en la ciudad y provincia de Córdoba hablamos con Maximiliano Vittar, referente de Inquilinos Córdoba.
En este Sentido, Vittar aseguro que se confirman las proyecciones que tenían desde Inquilinos Córdoba en dos aspectos fundamentales. El primer efecto que se observa es «la presión del mercado inmobiliario por tratar de mostrar a partir de informes y estadísticas, con una lógica de lobby, los aparentes beneficios en la oferta de alquileres y como ha aumentado esa oferta a partir de la derogación». Sin embargo, esos números que se publican distan mucho de los números que Inquilinos Córdoba estudia, de hecho no se ve que los alquileres hayan bajado. El segunda efecto que destaca, es que esta situación «genera nuevos contratos con precios iniciales iguales o mas altos y ajustes mas periódicos y altos. por lo que se observa que no existe un acuerdo entre partes, sino que hay una imposición de quienes son propietarios o inmobiliarias por sobre quien tiene la necesidad de alquilar» aseveró.
La desregulación de un sector tan poderosos como el inmobiliario es un error porque va a seguir aumentando la conflictividad social, en un contexto en el que muchas familias no llegan a fin de mes, sumado a la posibilidad de quedar en la calle hace que «Hoy muchas familias estén firmando contratos que no saben si luego van a poder pagar lo que va a seguir agravando la conflictividad social, no solo para los inquilinos sino también para los pequeños propietarios e inversores» afirmó.
En otra parte de la entrevista, Vittar señaló que el DNU es una medida antidemocrática y anticonstitucional por lo que desde Inquilinos Córdoba siguen a la espera de que el Poder Judicial dicte una resolución a las medidas judiciales que se han presentado para resolver la situación de los inquilinos.