Desde finales del 2019 el Estado Plurinacional Boliviano se encuentra bajo un golpe de estado civil y militar.
Diversas organizaciones que luchan por la defensa de los DD.HH., en un comunicado señalaron que «Para afianzar el régimen de miedo, propio de los estados de factos, se han cometido graves hechos violatorios a los derechos humanos sobre todo a los pueblos indígenas y sectores campesinos bolivianos como fueron la Masacre de Senkata y Sacaba llevados a cabo por las fuerzas militares. Así mismo se llevaron adelante actos de persecución política, actos racistas en contra del sector indígena-campesino, entre otros actos repudiables».
«Es por ello, que desde diversos puntos de la Argentina organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y la colectividad boliviana organizada llevaron adelante diversas medidas de solidaridad, visibilización y cooperación. Una de las medidas iniciadas fue interponer denuncias penales en pos de promover la jurisdicción universal para que desde nuestro país se investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Jeanine Añez en Bolivia, las cuales resultaron acumuladas en el Juzgado Federal Nº 2 de la ciudad de Córdoba a cargo del Juez Sánchez Freytes».
«Luego del rechazo del pedido de desestimación de la denuncia promovida por el Fiscal Nº 2 Vidal Lascano, es que nos resulta fundamental y necesario cooperar al proceso con la presentación de un “Amicus Curiae o Amigos del Tribunal” compuesta por diferentes organizaciones especialistas en Derechos Humanos que se realizará el día martes 10 de marzo a las 10:00 hs en el Juzgado Federal Nº 2 y posteriormente se hará un conferencia de prensa que contará con la presencia de Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, Pablo Pimentel, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Roberto Carlés, integrante de la Asociación Americana de Juristas, Rafael Ortiz, abogado patrocinante y querellante por la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares, la Comunidad Boliviana autoconvocada en Córdoba, y algunos integrantes de la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano quienes aportaron como prueba el informe final de su misión en Bolivia para esta denuncia».
«Por último, creemos importante que diversos sectores de la Sociedad nos puedan acompañar en esta medida ya que no solo tiene un propósito legal sino que además promueve a través de su visibilización y repudio la consigna de “nunca más” para la memoria verdad y justicia».