En diálogo con Radio La Ranchada, Giuliani señaló que la movilización, realizada hace unos quince días, buscaba reclamar asistencia alimentaria y programas de empleo para comedores y merenderos populares, pero terminó con un operativo “desmedido e injusto”. “Protestar es un derecho, no un delito como nos quieren hacer creer. Esto fue una celada preparada por la policía y el fiscal Ernesto De Aragón para detenernos injustamente”, denunció.
El dirigente gremial contó que durante el operativo sufrió la fractura de su brazo derecho al ser esposado y que estuvo privado de su libertad durante cuatro días en el penal de Bower. “Me trataron de forma inhumana: me esposaron a la cama del Hospital Misericordia y terminé en un penal de máxima seguridad solo por pedir alimentos”, relató.
ATE Córdoba inició una serie de presentaciones judiciales contra el fiscal De Aragón y la policía provincial. La primera denuncia fue presentada por el abogado del gremio, César Theaux, quien también estuvo detenido.
Giuliani remarcó que la situación excede a este caso particular y responde a una práctica sistemática de violación de derechos humanos en Córdoba: “Hoy el Estado de Derecho es una excepción. En los barrios populares vemos represión, gatillo fácil y hostigamiento policial. Esto no es un hecho aislado, es un patrón que se repite”, advirtió.
También denunció el estado crítico del sistema penitenciario provincial: “El 60% de los detenidos en Bower no tiene condena. La comida no es apta ni para animales, no hay servicio médico y se vive en hacinamiento. Entrás vivo, pero no sabés si salís con vida”, describió.
El dirigente consideró que su detención responde a un intento de disciplinar la protesta social: “En dos años me hicieron cuatro allanamientos, me secuestraron celulares, tengo una fianza de 10 millones para estar en libertad. No es solo contra mí, es contra ATE y la CTA por no ser organizaciones obsecuentes con el poder político y económico de Córdoba”, afirmó.
Giuliani cuestionó la falta de soluciones por parte del gobierno municipal que encabeza Daniel Passerini. Según explicó, los reclamos incluían alimentos, microemprendimientos para formar cooperativas y planes de trabajo para sectores en situación de vulnerabilidad. “Córdoba es una provincia rica, exporta alimentos para millones de personas en el mundo, pero en nuestros barrios hay hambre. Y si hay hambre, hay responsables políticos que deben dar la cara”, sostuvo.
Además, reveló que como parte de las condiciones para recuperar la libertad se les prohibió acercarse al edificio de Políticas Sociales, una restricción que calificó de “inédita y grave”. Esto afecta particularmente a las mujeres detenidas, que son trabajadoras de la economía popular y necesitan concurrir a ese organismo para trámites vinculados a su subsistencia. De las 15 personas arrestadas, ocho fueron mujeres y siete varones, entre ellos un periodista acreditado que trabaja para ATE.
El gremialista aseguró que, en lugar de brindar respuestas, el municipio optó por la represión y señaló que algunas organizaciones “amigas del gobierno” sí reciben ayuda social sin obstáculos, mientras ATE y otras entidades críticas quedan excluidas.
Giuliani precisó que las causas que enfrentan son por “resistencia a la autoridad” y “lesiones leves”. Sin embargo, afirmó que no hubo resistencia, ya que el ingreso al edificio fue acordado con la policía. “El único fracturado soy yo, y las amenazas vinieron de la policía y el servicio penitenciario. Está claro que es una causa armada para justificar el operativo”, denunció.
El dirigente adelantó que continuarán presentando denuncias de forma escalonada y reclamó que se visibilice la situación: “Esto no puede pasar a 42 años de recuperada la democracia. Vamos a seguir luchando por nuestros derechos y por los de quienes hoy no tienen voz”, concluyó.
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