El juez federal Daniel Rafecas aceptó el pedido de la fiscalía para continuar el proceso bajo la modalidad de juicio en ausencia contra los principales sospechosos de haber cometido el ataque del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 150 heridos.
La solicitud había sido presentada en abril por el titular de la Unidad Fiscal AMIA, Sebastián Basso, tras la sanción de la Ley 27.784, que habilita este tipo de juicios para crímenes de lesa humanidad, terrorismo o genocidio, contemplados en el Estatuto de Roma o en la Convención Interamericana contra el Terrorismo, siempre que los acusados se mantengan sistemáticamente fuera del alcance judicial.
En su resolución, Rafecas fundamentó que los diez acusados —ex funcionarios iraníes y miembros de Hezbollah— fueron notificados de su situación procesal pero nunca respondieron a los pedidos de extradición. Todos ellos fueron declarados en rebeldía hace años.
Los imputados que continúan prófugos son: Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.
Según la fiscalía, el atentado fue llevado a cabo por la rama operativa de Hezbollah, con apoyo logístico, financiamiento y órdenes directas del gobierno iraní de aquel momento, así como de su representación diplomática en Argentina.
A pesar de los cuestionamientos presentados por la Defensa Oficial en relación con la constitucionalidad del nuevo procedimiento, Rafecas entendió que, frente a la negativa sostenida de los acusados a someterse al proceso, el juicio en ausencia constituye la única herramienta posible para avanzar y evitar la perpetuación de la impunidad.
No obstante, la decisión judicial aún puede ser apelada ante la Cámara Federal.
El atentado y su impacto
La mañana del 18 de julio de 1994, una explosión sacudió el edificio de la AMIA, en pleno barrio de Once. Un coche bomba detonó frente al inmueble, provocando una de las masacres más graves en la historia argentina, con 85 víctimas fatales y decenas de heridos.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recordó a las víctimas como: “trabajadores, vecinos, personas que hacían un trámite, estudiantes que iban a la facultad, o pacientes que se dirigían al Hospital de Clínicas. Miles de vidas cambiaron para siempre”.
A pesar del paso del tiempo, el caso permanece sin esclarecer. Los avances judiciales han sido marcados por encubrimientos, demoras y escándalos políticos que obstaculizaron el acceso a la verdad.
La apertura del juicio en ausencia podría convertirse en un hito clave en la lucha contra la impunidad, en una causa que representa una herida abierta para la sociedad argentina.
