Mientras se enfrenta al escandalo de la promoción de la criptomoneda $Libra, se puso en marcha el proceso de privatización de los diferentes corredores viales del país. Esta medida ya lo había adelantado el vocero presidencial Manuel Adorni el pasado viernes.
El Gobierno inició el proceso de privatización de la empresa Corredores Viales S.A, que maneja el 80% del tránsito al administrar más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales. La noticia había sido adelantada por el vocero presidencial Manuel Adorni y quedó formalizada este lunes mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 97/2025.
“Autorízase el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales S.A. bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley Nº 17.520 y sus modificatorias”, establece el artículo 1 de la normativa.
El Ministerio de Economía, por medio de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de llevar a cabo las medidas necesarias para iniciar el proceso de privatización. Para tal fin, se establecieron las siguientes acciones que deberán concretarse:
- La extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de los Tramos I a V, del Tramo VI y de los Tramos VII a X asignados a Corredores Viales S.A.
- La ejecución de los procedimientos de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los referidos corredores; y
- La disolución y posterior liquidación de la empresa, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas.
Según datos oficiales, Corredores Viales S.A presentó en 2023 resultados económicos negativos con deudas que alcanzaron los $142.000 millones con proveedores, y pérdidas acumuladas de $268.000 millones. Para poder solventar dicha situación, recibió ayuda del Tesoro Nacional por $301.000 millones.
El Gobierno considera «prioritaria la construcción de obras de infraestructura vial y la consolidación de la red de caminos, rutas, autopistas y accesos con el objeto de asegurar la conexión de las distintas regiones del país de manera segura y previsible, para lo cual se precisa la participación del sector privado”.