En ese marco, la especialista en psicología de la conducta delictiva Karin Arbach, docente de la Facultad de Psicología de la UNC e investigadora del CONICET, aportó una mirada desde la evidencia científica.
Arbach advirtió que cualquier reforma de este tipo debería contemplar los conocimientos actuales sobre desarrollo adolescente. “Ninguna decisión debería tomarse en desconocimiento de aspectos claves del neurodesarrollo”, sostuvo.
Según explicó, el cerebro de un adolescente no funciona igual que el de una persona adulta, especialmente en lo que respecta a la toma de decisiones y el control de impulsos. “Los procesos judiciales no deberían ser iguales a los de un adulto, sino adecuados o adaptados a esta etapa vital”, remarcó.
Desde la psicología de la conducta, la investigadora señaló que los delitos cometidos en la adolescencia no aparecen de manera repentina. “La conducta delictiva en la adolescencia es el resultado de una serie de fallas en sistemas de control previos que empiezan muy temprano, incluso desde la gestación”, explicó.
Entre esos factores mencionó condiciones básicas como alimentación adecuada, acceso a salud, entornos libres de violencia, trayectorias escolares seguras y vínculos estables. Cuando estos sistemas fallan de manera acumulativa, aumenta el riesgo de conductas problemáticas.
En ese sentido, descartó la idea de un “perfil delictivo” juvenil. “La ciencia ha demostrado que no existen perfiles en sentido técnico. Lo que hay es una confluencia de factores de riesgo personales y ambientales que, en determinado contexto, pueden derivar en un delito”, indicó.
Arbach aclaró que la imputabilidad es un concepto jurídico y no psicológico. “No tenemos herramientas científicas para evaluar la imputabilidad. Es una decisión jurídica”, afirmó.
Lo que sí puede evaluarse, explicó, son variables como el riesgo de violencia, la madurez psicoemocional y las necesidades específicas de cada adolescente. En esa línea, su equipo trabaja en el desarrollo de una herramienta de evaluación de madurez psicoemocional para contextos judiciales.
La especialista también distinguió entre judicialización y encierro. Que el sistema de justicia intervenga no implica necesariamente privación de libertad. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos del encierro indiscriminado. “El encierro, en ciertas personas, no solo no funciona sino que puede incrementar el riesgo en lugar de reducirlo”, señaló, citando hallazgos de la criminología.
En cambio, subrayó que sí se ha demostrado eficacia cuando la intervención judicial se orienta a evaluar y cubrir necesidades concretas: atención en salud mental, tratamiento por consumo de sustancias, fortalecimiento de vínculos, continuidad escolar y acceso a actividades deportivas o culturales. “Eso es lo que reduce la reincidencia. El encierro indiscriminado puede traer consecuencias opuestas a las buscadas”, concluyó.
El debate legislativo avanza en un clima de fuerte sensibilidad social. Desde el ámbito científico, la advertencia es clara: cualquier política pública en materia penal juvenil debería sustentarse en evidencia y contemplar la complejidad del desarrollo adolescente.
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LA DESPENSA. Lunes a viernes de 9 a 12hs, con Emilia Calderón.
