A cinco años del crimen de Valentino Blas Correas, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba confirmó este lunes las condenas contra los policías responsables del asesinato del adolescente de 17 años, ocurrido en agosto de 2020 durante una persecución policial. La decisión ratifica las penas impuestas en el juicio de 2023 y marca un paso fundamental en el camino por justicia que vienen transitando familiares y amigos del joven. El fallo reconoce el carácter de violencia institucional del hecho y vuelve a poner el foco sobre la responsabilidad de las fuerzas de seguridad y del aparato estatal en su conjunto.
La madrugada del 6 de agosto de 2020, Blas y cuatro amigos circulaban por la ciudad en un Fiat Argo cuando, al no detenerse ante un control policial improvisado en avenida Vélez Sársfield, comenzó una persecución. En ese operativo, dos efectivos dispararon contra el vehículo. Uno de los tiros atravesó el auto y alcanzó a Blas. Sus amigos, al notar la gravedad de la herida, lo trasladaron de urgencia al Sanatorio Aconcagua. Allí, sin embargo, el personal se negó a atenderlo. Blas falleció a pocas cuadras del lugar.
El crimen generó una fuerte conmoción social y abrió un debate profundo sobre el accionar de las fuerzas policiales en Córdoba, especialmente en relación con jóvenes de sectores medios y populares. A partir de la investigación judicial, se comprobó que además de los disparos que terminaron con la vida de Blas, varios policías intentaron encubrir el hecho alterando la escena del crimen y plantando un arma en el vehículo con el objetivo de simular un enfrentamiento que nunca existió.
En marzo de 2023, la Cámara Octava del Crimen dictó una histórica sentencia. Los cabos Lucas Damián Gómez, de 37 años, y Javier Catriel Alarcón, de 33, fueron condenados a prisión perpetua por los delitos de homicidio calificado por ser integrantes de la Policía, agravado por el uso de arma de fuego, y tentativa de homicidio. Ambos fueron considerados los autores materiales del crimen.
Junto a ellos, otros agentes recibieron penas menores por su participación en el encubrimiento y manipulación de pruebas. La agente Wanda Esquivel fue condenada a tres años y diez meses de prisión, mientras que Florencia Martínez recibió una pena de cuatro años y tres meses. También fueron condenados el subcomisario Sergio González (cuatro años y diez meses), el comisario inspector Walter Soria (cuatro años y nueve meses), el comisario inspector Jorge Galleguillo (cuatro años y ocho meses), el oficial ayudante Ezequiel Vélez (dos años y medio), el cabo Leonardo Quevedo (cuatro años) y el comisario inspector Juan Gatica (cuatro años). En tanto, los agentes Rodrigo Toloza y Leonardo Martínez fueron absueltos.
El fallo del TSJ ratifica todas estas condenas y refuerza el carácter ejemplar del proceso judicial, al tiempo que reconoce explícitamente que tanto Blas como sus amigos y su familia fueron víctimas de violencia institucional. Esta calificación tiene un fuerte peso simbólico y legal, ya que reconoce que el crimen no fue un hecho aislado, sino parte de una práctica sistemática de abuso de poder por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.
En paralelo, continúa avanzando una segunda línea de investigación judicial que involucra a autoridades políticas. En octubre de 2023, se llevó a cabo otro juicio en el que fue condenado Fernando Casalino, empleado del Sanatorio Aconcagua, por haberse negado a permitir el ingreso de Blas para ser atendido, contribuyendo así al desenlace fatal. Este hecho evidenció la cadena de responsabilidades que excede el accionar policial.
Actualmente, la causa investiga a altos funcionarios del gobierno provincial de aquel entonces, entre ellos al exministro de Seguridad Alfonso Mosquera, acusados de entorpecer la investigación, manipular pruebas y encubrir el crimen. Si bien aún no se han dictado resoluciones en esta etapa del proceso, la causa continúa sumando elementos que podrían comprometer gravemente a exfuncionarios de alto rango.
A cinco años del crimen de Blas Correas, la confirmación de las condenas representa un alivio para sus familiares, pero también reaviva la exigencia de justicia completa, con todas las responsabilidades asumidas. El caso se ha convertido en un emblema contra la violencia institucional en Córdoba y en el país, y marca un precedente judicial.
