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Buscan formalizar a 6 millones de trabajadores en el registro de la encomia popular

Según el Estado Nacional, en el país hay unas seis millones de personas involucradas en el mundo de la economía popular, siendo este número el doble de los tres millones de empleados públicos que hay a nivel nacional. Frente a este marco y considerando un sector afectado por la informalidad laboral, el Gobierno Nacional lanzó el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.

Mediante el mismo, cuya inscripción fue lanzada por medio de un sitio Web que se encuentra en preparativos (debería estar disponible a la brevedad), el Gobierno busca convertir en «productivos» esos emprendimientos periféricos.

Según se informó, la iniciativa se funda en la convicción de que la pandemia obligará a reivindicar formas de producción «más cercanas a las necesidades de la sociedad y menos enfocadas al consumo masivo», según explicó a Télam el director nacional de Economía Social y Desarrollo Local, Pablo Chena.

Quiénes pueden inscribirse

  • El registro está organizado en ocho ramas, para diferenciar los segmentos de la economía popular:
  • 1) Comercio popular y trabajos en espacios públicos
  • 2) Recuperación, reciclado y servicios ambientales
  • 3) Construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental
  • 4) Industria manufacturera
  • 5) Servicios socio-comunitarios
  • 6) Agricultura familiar y campesina
  • 7) Transporte y almacenamiento
  • 8) Servicios personales y otros oficios.

Están habilitados a registrarse quienes tengan 18 años o más y no posean a su nombre más de dos inmuebles, ni tampoco cuenten con un trabajo en relación de dependencia que supere el salario mínimo vital y móvil.

No podrán acceder quienes estén inscriptos en el régimen simplificado de pequeños contribuyentes: sólo se admitirán las categorías A, B, C y D o titulares del monotributo social o monotributistas «promovidos».

El trabajo sexual, que había sido incluido inicialmente como categoría posible, quedó fuera del registro y será analizado y atendido en forma separada por el Ministerio de Desarrollo Social.

Fuente: Télam