Ángel Alfredo Almada, tras ser condenado a 5 años por reducción a la servidumbre, también será denunciado abuso sexual y aborto forzado.
El propietario de un circo, identificado como ángel Alfredo Almada, fue condenado a 5 años de prisión en tribunales federales por someter a tres mujeres a explotación laboral y sexual, configurando el delito de reducción a la servidumbre. No obstante, la defensa de las víctimas impulsa una causa en la justicia provincial de Córdoba, en Alta Gracia, para juzgar los delitos que aún no han sido abordados: el abuso sexual y el aborto forzado, crímenes que, según el abogado defensor, son los que realmente quitan el sueño a las afectadas.
Nicolás Calvi, abogado defensor de una de las tres víctimas, identificada con las iniciales L.M.F, explicó que las mujeres explotadas eran personas en situación de extrema vulnerabilidad. Se trataba de madres solteras provenientes de familias numerosas o con infancias institucionalizadas que buscaban un sustento para sobrevivir, y de cuya situación Almada se aprovechó.
Mientras que el juicio federal culminó con una condena firme por reducción a la servidumbre y una condena económica de reparación integral, la causa provincial busca establecer la responsabilidad penal de Almada por hechos más graves que no fueron juzgados.
Concretamente, se busca justicia por el abuso sexual y la pérdida forzada de la vida de sus hijos. Dos de las víctimas, L.M.F y M.B.M, comparten la característica de haber sufrido abortos forzados. Según lo acreditado en la causa federal, cuando Almada se enteraba de los embarazos, sometía a las mujeres a trabajos muy pesados, como armar las estructuras del circo, y a jornadas laborales prolongadas. En el caso específico de L.M.F, se le llegó a suministrar una pastilla abortiva.
La nueva causa está abierta en la fiscalía 2 de Alta Gracia. El abogado Calvi se ha presentado como querellante particular para acreditar la existencia del hecho y la responsabilidad de Almada. Asimismo, se está solicitando el uso de las declaraciones ya tomadas en el juicio federal para evitar la revictimización de las denunciantes en el nuevo proceso provincial. Es vital destacar que el caso original se tomó conocimiento gracias a un llamado de la víctima al 0800 de la Secretaría de la Mujer durante la pandemia.
