La Legislatura de Córdoba aprobó este jueves de madrugada el Presupuesto 2026 y una serie de modificaciones al régimen previsional provincial que incluyen la restitución parcial del 82% móvil para jubilados de menores ingresos y un aumento de los aportes personales de los trabajadores activos a la Caja de Jubilaciones. La votación se concretó cerca de las cinco de la mañana, en una sesión marcada por la tensión política y las protestas gremiales en las inmediaciones de la Unicameral.
La normativa fue impulsada por el oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba y se apoya, según se argumentó, en una iniciativa popular que reunió más de 38.800 firmas de jubilados. El objetivo central de la ley es garantizar la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, que atraviesa una profunda crisis financiera agravada por la falta de transferencias nacionales. El déficit previsional se proyecta por encima de los 800.000 millones de pesos para el próximo año.
Uno de los puntos centrales de la nueva ley de emergencia previsional es la restitución parcial del 82% móvil. La norma establece un adicional mensual no remunerativo destinado a compensar la deducción de los aportes personales en el cálculo del haber jubilatorio, hasta alcanzar el 82% de la remuneración. Esta medida alcanzará a unos 60.000 jubilados provinciales con haberes que rondan los 1.300.000 pesos y apunta a beneficiar a los pasivos de menores ingresos.
Sin embargo, el esquema aprobado no implica una restitución plena y universal del histórico 82% móvil. El adicional se aplica de manera focalizada y deja afuera a una parte importante de los jubilados que perciben haberes más altos, lo que generó críticas desde la oposición y algunos sectores sindicales, que consideran que la medida resulta insuficiente.
La ley también faculta al gobernador Martín Llaryora a incrementar las alícuotas de los aportes personales de los trabajadores activos en hasta un 8%, mediante escalas progresivas. Según lo establecido, el mayor impacto recaerá sobre los sectores con salarios más elevados, como empleados judiciales, bancarios, trabajadores de EPEC y municipales. Desde el Ejecutivo provincial sostienen que esta herramienta es clave para equilibrar las cuentas del sistema previsional sin afectar a los jubilados de menores recursos.
Otro de los cambios relevantes es la suspensión temporal del Fondo Solidario para Desequilibrios durante la vigencia de la emergencia previsional, que fue declarada por un plazo de cinco años, con posibilidad de prórroga automática. Además, la norma autoriza al Ejecutivo a transferir la administración de subsistemas previsionales a entidades gremiales que lo soliciten, y encomienda a los legisladores nacionales por Córdoba a gestionar ante el Congreso los fondos adeudados por ANSES, estimados en más de 30.000 millones de pesos mensuales.
La sesión fue presidida por la vicegobernadora Myrian Prunotto junto al presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas, y se desarrolló en un clima de alta conflictividad. Horas antes de la votación, gremios estatales realizaron masivas protestas para rechazar el aumento de los aportes y advertir sobre el impacto de la medida en los salarios.
Desde el oficialismo defendieron la ley como una respuesta necesaria ante la crisis previsional y destacaron su carácter redistributivo. En contraste, la oposición calificó la norma como “perversa” y cuestionó que el ajuste vuelva a recaer sobre los trabajadores activos. Los sindicatos, que agrupan a más de 15 organizaciones, anticiparon nuevas medidas de fuerza y reclamaron alternativas de financiamiento que no impliquen mayores descuentos salariales.
