Comentamos los resultados de la Ponencia presentada en el XII SEMINARIO INTERNACIONAL POLÍTICAS DE LA MEMORIA
Crisis del presente y disputas por la memoria el pasado
3, 4 y 5 de octubre de 2019. Buenos Aires, Argentina
Recurrentemente se discute la mera existencia de la histórica Unidad 2 del Servicio Penitenciario Federal, y su ubicación en un barrio privilegiado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como lo es Villa Devoto. El edificio donde funciona la cárcel comenzó siendo un “Depósito de contraventores” de la Policía Federal, inaugurado en 1927. Los terrenos habían pertenecido previamente a la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y donados originalmente por su dueño, Antonio Devoto. En diciembre de 1957, mediante Decreto 4634 el predio se traspasó a la Dirección de Institutos Penales, y comenzó a llamarse “Instituto de Detención de la Capital Federal-Unidad 2”.
A partir del reclamo de una parte de los/as vecinos/as de la zona, se justifica el traslado de los/as presos/as a algún lugar de la provincia de Buenos Aires -durante la gestión kirchnerista ese lugar era Agote, un pequeño pueblo ubicado seis kilómetros por un camino de tierra al interior de la localidad de Mercedes.
Esta práctica, la de alejar a los presos y presas de los núcleos urbanos, es una decisión que no solo sucede en esta ciudad y este país sino que es una decisión profundamente política y criminológica: la doble exclusión de estar encerrados/as y estar lejos torna quimérica y falsa la promesa de reinserción y consolida la noción de que la persona privada de libertad es un otro que, cuanto más lejos esté, mejor.
El 14 de marzo de 1978, plena presidencia de ese Videla durante cuyo mandato se construyó Caseros, se produjo un incendio presentado por los medios de comunicación como “Motín de los Colchones”. Años después, en 1985 y 1987, Elías Neuman y Daniel Barberis relataron y testimoniaron acerca de lo que realmente había pasado: una masacre impune, uno de los hechos más sangrientos conocidos en la historia de las cárceles argentinas y el más numeroso por el total de víctimas en la historia de las violaciones de derechos humanos sucedidos en la última dictadura. Desde 2011 un equipo de investigación integrado en principio por un sobreviviente, tres asociaciones de derechos humanos, y un grupo de presos organizados en el Centro Universitario de Devoto, decidieron contar esa historia y reclamar que se juzgue como un delito de lesa humanidad.
A partir de 2007 a la Cárcel de Devoto se la llama oficialmente “Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Ocupa cincuenta y cinco mil metros cuadrados en seis manzanas entre las calles Desaguadero, Pedro Lozano, Bermúdez y Nogoyá, en un barrio de alto nivel adquisitivo, uno de los motivos por los que se plantea derribar la cárcel y mudarla a otro sitio pese a la oposición de presos, familiares, docentes del Centro Universitario de Devoto, abogados/as, y organizaciones de derechos humanos que se interesan en la situación de las personas privadas de libertad. Resulta evidente que la decisión de construir cárceles lejos de los núcleos urbanos, en el medio de la nada, donde no se escuchan los gritos ni las protesta, donde solo se puede llegar atravesando rutas y autopistas, con autos particulares o pagando costosos transportes, es parte de la política más general de ocultar lo que allí dentro sucede.
Y en octubre de 2012 pasó algo que cambiaría la visión sobre lo que es la Cárcel de Devoto, se señalizó la Cárcel de Devoto como un lugar donde se cometieron crímenes contra la humanidad, en particular, lo que ya desde entonces llamábamos “Masacre en el Pabellón Séptimo”.
Señalización de la Cárcel de Devoto, octubre de 2012.
Homenaje a las víctimas de la Masacre en el Pabellón Séptimo, 14 de marzo de 2013, a 35 años: “Mientras no haya justicia el fuego seguirá quemando”, una frase creada por los presos del Centro Universitario de Devoto, en un Taller sobre Historia que se realizó durante todo 2012.
Luego de que produjera la señalización, el 5 de mayo de 2015, la cárcel de Devoto fue incorporada al Registro de Sitios de Memoria, y por ende, pasó a estar protegida por una ley específica, la 26.691 de “Preservación, señalización y difusión de sitios de memoria del Terrorismo de Estado”.
El 12 de marzo de 2018 -a dos días de cumplirse 40 años de la Masacre- se firmó un Convenio Marco entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Agencia de Administración de Bienes del Estado, prácticamente sin difusión pública. La querella de Masacre en el Pabellón Séptimo no fue convocada, los sobrevivientes y familiares de las víctimas, tampoco. Las personas privadas de libertad actualmente, menos. Todo ello, sin considerar, sin mencionar siquiera la condición de Sitio de Memoria de la Cárcel de Devoto. Condición que surge no solo del Registro de Sitios de Memoria producido por la Secretaría de Derechos Humanos, sino que puede verlo cualquier persona que vaya al Archivo Nacional de la Memoria, con sede en el Espacio de Memoria Ex Esma.
El convenio aprobado por la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecía que el gobierno de la CABA se haría cargo de la construcción de ese nuevo lugar de encierro, fuera de su jurisdicción, y que el edificio actual será demolido, y vendido el terreno.
Que sucede en la actualidad
Ahora bien, en estos días se ha tomado conocimiento de una presentación realizada por el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el expediente penal, en la cual solicita el visto bueno del juez para modificar la zonificación del penal de Devoto, manifestando que el Pabellón Séptimo ‘quedará destinado al uso y utilidad pública’, dejando en evidencia que no sucederá lo mismo con la totalidad del edificio que, como se denunció en el escrito de inicio de esta acción de amparo, se encuentra legalmente protegido como Sitio de la Memoria por la Ley 26.691.
Es decir, que queda en evidencia lo que esta parte viene denunciando desde la presentación del amparo: que existe un procedimiento en marcha a partir de la firma del Convenio entre Ciudad y Nación para la demolición y venta de este Sitio de la Memoria pese a la expresa prohibición legal que se encuentra vigente.
Como se desprende del escrito presentado como hecho nuevo, el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional están avanzando decididamente hacia la venta y demolición del predio del Penal de Devoto, a punto tal que le piden autorización al juez de la causa penal, sin tener en cuenta que el inmueble está protegido por una ley nacional, situación que parece no importarles.”
La discusión democrática sobre el lugar de los presos y de la cárcel debe hacerse en el marco de la expansión del Estado de Derecho, luego de cuatro años en los que, como parte de las mayorías populares, padecimos un recorte permanente y brutal de nuestras garantías constitucionales. La cárcel es un territorio donde vive una parte de nuestro pueblo. En ese compromiso nos sostenemos y sostenemos también esta batalla para evitar la demolición de un Sitio de Memoria.