Horacio Adolfo Rojo presentó un amparo y participó de la elección en la segunda vuelta de 2007 en la Ciudad, entre Macri y Filmus. ¿A quién votó?
Más de una década después de aquel recurso presentado por Rojo, en Argentina están habilitados a votar más de 57 mil presos.
En el padrón electoral de las PASO del 11 de agosto pasado hubo 57.672 detenidos en condiciones de votar. Lo hicieron en las 301 cárceles e institutos de menores del país, y con una boleta especial que solo les permitió elegir candidatos a presidente. En total, entre condenados y procesados, para esa fecha, en Argentina había más de 91 mil detenidos. Pero los únicos autorizados a entrar al cuarto oscuro fueron los que aún no tenían sentencia firme.
Para las elecciones del próximo 27 de octubre el número será similar. Como toda historia, la de los presos que votan tiene un comienzo. Que nació en la mente de un preso que se llamaba Horacio Adolfo Rojo y en 2007 tenía 37 años. Vivía en el pabellón de Universitarios de la cárcel de Devoto y en su condena anterior se había recibido de abogado en el Centro Universitario de Devoto, que depende de la UBA y funciona en la planta baja de la Unidad, desde 1985.
Rojo, en 2007, de cara a las elecciones del 24 de junio, interpuso ante el Juzgado de Instrucción una acción de amparo para «poder ejercitar el derecho electoral que me asiste para sufragar en la elección a celebrarse», tal como dice el escrito que presentó. Se trataba de la segunda vuelta de las Elecciones de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. Los candidatos eran Mauricio Macri (PRO) y Daniel Filmus (FPV).
En el expediente, el Juez Julio Maier, dijo: «…la actividad estatal y, por tanto, de funcionarios, que no tiene por finalidad privar de derechos electorales a nadie, sino, tan solo, asegurar la persona de un sospechoso -pero inocente aún, al fin y al cabo- para poder alcanzar las metas que propone el procedimiento penal, no debe desviarse de su finalidad específica y producir una lesión a un derecho establecido constitucionalmente (el de sufragar)…». Y agregó: «Propongo, sin más, admitir el derecho a votar del Sr. Horacio Adolfo Rojo, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Acordada Electoral n*6/2007…». Adhirieron al voto los jueces Ana María Conde y José Osvaldo Casás.
Hubo otros dos detenidos que hicieron el mismo pedido. Aunque solo se le otorgó a Rojo, que era el único con toda su documentación en regla. Ese domingo, por la tarde, votó en el cuarto oscuro del Aula 4 de la escuela primaria de la Unidad. Algunos medios presenciaron el momento. Entró con un libro del penalista Edgardo Donna, vestido de ropa deportiva. Cuando en el pabellón le preguntaron a quién eligió, respondió a las carcajadas: «En blanco».
«Su objetivo en sí no era votar. Lo que quería era sentar un precedente: que a futuro todos los presos pudieran votar», afirma Ariel Cejas Meliare, de la Procuración Penitenciaria.
Durante los más de tres años que cumplió esa condena, que sería la última, se la pasó cursando y rindiendo materias de un posgrado. Y se anotó en Sociología. Además, atendía a todos los detenidos que tenían dudas sobre sus causas. En especial a los primarios y a los que solo podían acudir a un defensor del Estado, que conocían, con suerte, el día del juicio. «Se la pasaba leyendo causas de otros. Les explicaba todo lo que no les decían sus abogados. Los iba guiando con el paso a paso de una causa, y les aclaraba en qué les mentían. Por eso era tan querido», cuenta un ex detenido que vivió con él en el mismo pabellón de Devoto.
Esa función la cumplía en el área de Asesoría Jurídica del CUD. En un momento llegó a ser Secretario General del Proyecto. Otro de sus proyectos fue armar un gimnasio. Creía que entrenar le permitiría lucharle mejor a las adicciones. Una parte de la condena la hizo con un reloj Cartier en su muñeca. Su causa era por robos a cajas de seguridad de varios bancos. Entre los detenidos había un cerrajero que creó una llave maestra con la que las abría. Los botines fueron millonarios, en dólares.
Rojo recuperaría su libertad para 2009. En mayo de 2010 su nombre volvería a aparecer en los medios. Fue después de entrar a las oficinas del Registro de la Propiedad del Automotor (en Montevideo al 700) junto a un cómplice; a punta de pistola exigieron la recaudación. Un policía que se encontraba en el lugar, de civil y de franco, quiso evitar el robo y se armó un tiroteo: Rojo murió de tres disparos. Uno en el pecho, otro en el hombro y otro en la cabeza. Su cómplice también fue herido. Lo atendieron en el hospital Ramos Mejía y fue trasladado a un penal. Esa es la versión publicada a partir de lo que informó la Policía Federal.
En Devoto, sus compañeros del CUD, cuentan otra cosa: «Había hecho nexos con el Ministerio de Justicia. El SPF siempre lo vio como a un referente, capaz de seguir haciendo cosas a favor de los detenidos y de denunciar todo lo que sabía sobre corrupción penitenciaria. Lo del robo no existió; se había alejado del delito. Lo mandaron a matar», denuncian.
Meses después, en un acto en el que estuvieron presentes sus padres y su hijo, los alumnos del CUD colocaron una placa que lo recuerda, y que sigue hasta el día de hoy: «Asesoría Jurídica Gratuita. Homenaje en memoria del Dr. Horacio A. Rojo».
La placa cuelga en la entrada de la oficina en la que atendía a los que llegaban con consultas de sus causas. Decenas de ellos pusieron una parte del dinero que cobraban por trabajar ahí adentro y la compraron. Como el Servicio Penitenciario Federal no les autorizó el ingreso, lo hicieron mediante una profesional.
La lámina cierra con la frase de Bertolt Brecht, junto a una foto de Rojo: «Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son imprescindibles».
Horacio Adolfo Rojo, el primer preso que votó. Los alumnos del CUD colocaron una placa que lo recuerda, y que sigue hasta el día de hoy.
«Ni bien la colocamos, se armó un revuelo bárbaro», recuerda otro ex detenido que también se recibió en el CUD. «Nos acusaron de, supuestamente, homenajear a un ladrón que había muerto en su ley. Y nada que ver: lo recordamos por toda su atención con los compañeros. Por asesorarlos con sus causas, por hacerles escritos que después ellos mismos presentaban. Si moría en un accidente de tránsito también lo hubiéramos homenajeado».
Su primera condena la había recibido en 1995, del Tribunal Oral en lo Criminal 30. Fue de 8 meses, de cumplimiento efectivo. A fines de 1998 el Tribunal Oral en lo Criminal 13 lo condenó a 6 años de prisión. Durante su ejecución se le concedió el beneficio de la libertad asistida. Allí comenzó a estudiar Derecho y cursó una buena parte de la carrera. En la tercera condena, en la que retomó sus estudios y se recibió, el TOC 26 le dictó una pena de 4 años. El Juez de ejecución se la redujo a 3 años y cuatro meses. Se fue en libertad en mayo de 2005. Esas, y la de 2007, fueron por robo y encubrimiento.
Cejas Meliare es Procurador Adjunto interino de la Procuración Penitenciaria de La Nación. En su oficina del cuarto piso de Callao al 25, recuerda a Rojo. Dice que una mañana, en Devoto, lo frenó. Llevaba un disquete negro en una de sus manos. «Tomá, Ariel», le dijo. «Es un proyecto de Ley para detenidos: madres con hijos, embarazadas y enfermos terminales».
Cejas Meliare lo recibió. Aunque lo vio imposible. Su cara lo decía todo. A Rojo eso no le importó. La cárcel le había enseñado a ser paciente. Y de ahí su respuesta: «Tranquilo. Yo sé que vos vas a saber cuándo presentarlo». Ese disquete fue a parar a un cajón de la oficina de Cejas Meliare. Fue en 2004.
El destino, o vaya uno a saber qué, quiso que un año después, tras un motín en la Unidad 33 de Los Hornos, el procurador adjunto interno sintiera que había llegado el momento. Más de 340 presas se habían unido para exigir Justicia por la muerte de una de ellas y mejores condiciones de alojamiento. Fueron más de tres días de protestas. «Busqué el disquete, analizamos el proyecto, lo mejoramos y lo presentamos. Después lo militamos en cada comisión. Hasta que salió», explica.
Antes de la modificación, la Ley de Arresto Domiciliario decía que el beneficio de la prisión domiciliaria solo sería para detenidos mayores de 70 años o para los que padecían enfermedades graves y que estuvieran a pocos meses de finalizar su condena. A partir de lo que empezó a pensar y escribir Rojo en Devoto, ese benefició le llegó a embarazadas, mujeres con hijos y detenidos que necesitaran estar en sus casas para desarrollar mejor las rehabilitaciones de sus enfermedades.
Rojo era de Villa Urquiza. Su mamá y su mujer eran abogadas; su papá, laburante. Tenía 25 años cuando lo condenaron por primera vez. Contaba con una característica no muy común en la mayoría de los detenidos: ingresó con sus estudios secundarios terminados. Los referentes del CUD, al enterarse, lo mandaron a llamar. Le dijeron que no podía desaprovechar la oportunidad de ponerse a estudiar una carrera universitaria. Su formación, y su clase social, rápidamente le permitieron destacarse. Metió una materia detrás de la otra, siempre con notas altas. Eso lo llevó a ser el nexo en cada uno de los reclamos. «Sos el más lúcido e inteligente de todos. Necesitamos que seas el que le diga a la cúpula penitenciaria qué es lo que estamos pidiendo», le dijeron en las primeras reuniones y lo convencieron.
Como luchaba por los derechos de los detenidos, se convirtió en uno de los más odiados por el Servicio Penitenciario Federal, participó en la creación de la Ley de Estímulo Educativo, que beneficia a los detenidos que estudian. Primero, en pensarla y armar un primer borrador. Después fue el referente de la huelga para exigir que se debata. Terminaría sancionándose en 2011.
En sus últimos meses en libertad ejerció de abogado en el estudio de su mamá. Ella hacía civil; él, penal. Todas las mañanas «hacía» Tribunales. Con ese trabajo, más el dinero que le había quedado de su causa anterior, vivía relajado, sin necesidades hasta su muerte de manera trágica.