Garavano lleva dos años sin cumplir el habeas corpus que acogió la denuncia de la Procuración Penitenciaria por el hacinamiento, la presencia de ratas y el hambre, entre otros padecimientos, en esa cárcel federal. La justicia le puso plazo o incurrirá en desobediencia y deberá pagar una multa.
El hacinamiento, la superpoblación y las malas condiciones de vida siguen siendo una constante en las cárceles federales. Sin embargo, en un fallo que busca revertir esta situación, el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora hizo saber al Ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano y al director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco que, «en el plazo de 72 horas hábiles, deberá presentar el plan concreto de realojamiento de la totalidad de la población de los pabellones “J” de las Unidades Residenciales I y II del Complejo Penitenciario Federal I (CPF1) de Ezeiza». La situación afecta a 120 internos. El juez federal Federico Villena intimó a los funcionarios a «dar inicio (a esa obra) antes del 1 de diciembre del corriente año, bajo apercibimiento de aplicar veinticinco mil pesos diarios de astreintes al patrimonio de las autoridades aquí requeridas y de incurrir en el delito de desobediencia». Astreintes se denomina a las sanciones valuadas en dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial, y que son requeridas por el juez a razón de una suma de dinero por cada día, cada semana o cada mes en que retarda el cumplimiento de una obligación establecida por un fallo judicial.
La Procuración Penitenciaria había realizado inspecciones donde constataron graves deficiencias en las condiciones de detención en las Unidades Residenciales III y IV, tales como malas condiciones de mantenimiento de paredes, duchas y sanitarios; plagas de cucarachas y ratas; ausencia de elementos para cocinar o calentar alimentos (lo que sumado a la mala calidad de los mismos provoca afecciones a la población carcelaria); deterioro de las instalaciones eléctricas; fuerte olor a cloaca en el ingreso al pabellón; falta de agua caliente, suciedad en el sector de duchas y ausencia de cortinas; sanitarios averiados. Durante las entrevistas, muchos de los internos manifestaron estar padeciendo hambre. Las deficiencias incluían cuestiones vinculadas al régimen de encierro de las personas alojadas en esos pabellones. Con respecto a esto último, se evidenció la permanencia de detenidos “en tránsito” que, habiendo cumplido ya su sanción, esperan ser realojados y siguen sometidos al régimen de castigo con encierros diarios de entre 20 y 23 horas; falta de la debida atención médica; aislamientos severos tanto para detenidos sancionados como “en tránsito”, que en algunos casos se extienden hasta tres meses.
En marzo de 2017 el juzgado de Lomas de Zamora hizo lugar a la acción de habeas corpus y ordenó al director del CPF1 «se abstenga de incorporar nuevos internos a los pabellones “J” de la URI y URII, debiendo proceder al realojamiento de la totalidad del colectivo allí alojado, ello en la medida en que se generen nuevos cupos de alojamientos. En virtud de que la manda en cuestión resultaba de imposible cumplimiento inminente debía, de forma inmediata, realizar las adecuaciones que resultaren necesarias a fin de reparar la totalidad de los servicios sanitarios y regularizar las instalaciones eléctricas ello de conformidad con las normas de seguridad imperantes en la materia». La Cámara Federal de la Plata resolvió confirmar parcialmente la resolución, y consideró que debía fijar plazos concretos para las refacciones, así como también, incluir en estas obras, la solución a las deficiencias observables en la iluminación y ventilación. En aquel momento los jueces le dieron 30 días al SPF.
«Habiendo transcurrido ya más de dos años desde el dictado de la sentencia y no pudiéndose vislumbrar avance alguno en pos de su cumplimiento, es que considero no resulta posible convalidar tal inacción» y por ello hizo saber a Garavano y a Blanco que tienen cuatro días hábiles para presentar un plan que resuelva lo que no solucionaron durante años, a riesgo de seguir incorporando detenidos a pesar de la declaración de emergencia carcelaria y de las órdenes judiciales que los obligaba a iniciar las obras necesarias a tal efecto. Caso contrario ambos funcionarios responderán con descuentos diarios en su patrimonio.
fuente:pagina 12