El poder judicial resolvió que la detención permanente en comisarías es contraria a la Constitución Nacional. El Estado debe comprometerse en un plan para dejar de utilizarlas .
La jueza en lo contencioso administrativo de La Plata María Ventura dispuso que alojar personas en comisarías sin límite de tiempo es contrario a la Constitución Nacional. En un fallo del 19 de diciembre prohibió el alojamiento de detenidos/as en comisarías inhabilitadas y anuló la resolución 642/2014 del entonces ministro de seguridad Alejandro Granados, que había rehabilitado el alojamiento en esas dependencias, incluso si estaban clausuradas. La decisión fue en el marco de una causa judicial iniciada por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en 2014.
El fallo reconoce los problemas estructurales graves que tiene el sistema de encierro provincial denunciados por los organismos y se apoya en lo diagnosticado por el Tribunal de Casación Penal a pedido de la Suprema Corte de Justicia provincial.
Esta decisión es importante porque establece que la provincia de Buenos Aires no puede seguir usando las dependencias policiales para ampliar el sistema penitenciario y alojar en lugares inhumanos. La prohibición de usar estas dependencias va en línea con lo sostenido por la Corte Suprema de la Nación en el fallo “Verbitsky”, que estableció que estas condiciones de privación de libertad son contrarias al trato digno que exigen el artículo 18 de la Constitucional Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
La crisis humanitaria en los lugares de detención provincial se explica por el crecimiento exponencial de la población privada de la libertad que llevó al colapso del sistema de encierro. Hoy la tasa de encarcelamiento supera los 300 cada 100 mil habitantes y en agosto de 2019 ya superó las 50 mil personas (incluyendo personas con monitoreo electrónico, detenidas/os en unidades, comisarías y sin contar las detenciones domiciliarias). Al 30 de noviembre de 2019, la cantidad de detenidos/as llegó a 51.719. Hoy hay, por lo menos, una sobrepoblación de 137%, si se toma el cupo declarado por el SPB de 28.810 plazas. En cuatro años, la población detenida creció un 42% (un aumento de más de 14.000 personas) y el incremento en comisarías fue de 124%. Desde diciembre de 2015 hasta octubre del 2019, la población encarcelada en dependencias policiales se duplicó: de 1.836 a 4109. Tan grave es la situación que el 40% de las comisarías que alojan personas detenidas en la actualidad se encuentran clausuradas.
Ante esta emergencia, el gobernador Kicillof dictó el decreto 24-GPBA-19, por el cual instruyó al ministro de justicia Julio Alak a que convoque a una mesa de diálogo que trabaje sobre soluciones inmediatas. Hoy se realizó dicha mesa, con la presencia de autoridades políticas, judiciales y referentes de organizaciones de derechos humanos en la que se acordó la necesidad de implementar políticas para desalojar las comisarías, bajar la tasa de encarcelamiento y racionalizar la política criminal provincial y el uso de la prisión preventiva.
Ahora esperamos que el ministerio de Seguridad de la provincia no recurra la decisión y que los tres poderes del estado provincial se comprometan con un plan para dejar de usar las comisarías como espacio de detención permanente.
La causa judicial
La situación de sobrepoblación y hacinamiento en las comisarías de la provincia de Buenos Aires se fue haciendo cada más grave. En 2014, el exministro de Seguridad Alejandro Granados sacó una resolución ministerial que habilitaba el alojamiento de detenidos/as en calabozos de las comisarías provinciales, pese a la prohibición que ya había sido estipulada en el “fallo Verbitsky” de la CSJN en 2005. El CELS y el CIAJ presentaron una acción judicial para que la resolución fuera derogada.
Esa presentación motivó que en noviembre de 2017 la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata suspendiera la resolución 642/2014 y determinara que las comisarías no reunían las condiciones necesarias para alojar a detenides. Además, le ordenó al Poder Ejecutivo desalojar a quienes se encontraban privados/as de su libertad en esas dependencias y prohibió que se alojen allí nuevos/as detenidos/as. El Estado provincial no tomó ninguna medida, y durante una serie de audiencias ordenadas por el fallo de la Cámara, no mostró un plan de desalojo para cumplir el mandato judicial. Incluso el gobierno de la exgobernadora Vidal presentó un informe donde dijo que cumplir la orden judicial era inviable en el corto plazo.
En esos tres años de incumplimiento de la cautelar murieron 10 personas alojadas en la comisaría 3ra de Esteban Echeverría a causa de un incendio.
*Fuente: CELS (Centro de Estudios Legales Y Sociales)
*foto: ilustrativa