Los internos señalaron que especialmente en la cárcel de Ezeiza se bloquea de forma “sistemática” el acceso a la educación en sus distintos niveles y modalidades, algo que está contemplado en la Ley de Ejecución Penal.
Un colectivo de hombres y mujeres presos en cárceles federales denunció mediante una extensa carta el abandono al que, aseguran, los somete el Servicio Penitenciario Federal (SPF) respecto de sus derechos para recibir educación mientras están privadas de la libertad.
Sucede en todas las unidades penales que dependen del SPF, pero especialmente los internos reclamaron que en la cárcel de Ezeiza, desde 2017 se bloquea de forma “sistemática” el acceso a la educación en sus distintos niveles y modalidades contemplado en la Ley de Ejecución Penal.
“No se les permitió cursar ninguna carrera universitaria, ni terciaria, ni curso de posgrado y, en algunas unidades, tampoco pudieron acceder a curso de formación profesional alguno. Para que quede claro, hay internos que fueron ilegalmente impedidos de realizar cualquier curso y estudio, de cualquier tipo y bajo cualquier modalidad, durante más de un año”, remarcó una persona privada de su libertad, alojada actualmente en la Unidad 31 de Ezeiza.
“La violación del derecho de los detenidos a acceder a educación universitaria, terciaria y de posgrado se viene sosteniendo arbitraria e ininterrumpidamente desde 2017 hasta hoy”, especifica la carta. Según contaron las personas privadas de su libertad consultadas, todo se agravó además por la pandemia del Covid-19. Aseguraron que desde el 19 de marzo, cuando se anunció la vigencia a partir del día siguiente del decreto de aislamiento obligatorio, se suspendieron las visitas ordinarias y extraordinarias para los detenidos y las salidas transitorias, traslados, talleres y dictado de clases.
Desde que se desató la pandemia, el Servicio Penitenciario Provincial autorizó distintas vías de comunicación para que los presos puedan estar en contacto con sus familiares y las personas que los visitan en prisión. En algunas unidades, el SPF instaló computadoras de uso compartido y en horario determinado con acceso a la aplicación Skype. Entonces los internos plantearon acceder a clases de cursos de formación profesional y otros estudios por esa vía, pero también fue denegado.
Ante la falta de respuesta de los organismos oficiales competentes desde 2017, a principios del año pasado denunciaron la situación en la Justicia, que ordenó la normalización urgente del acceso educativo. De este modo, se les habilitó la participación en cursos básicos de formación profesional por cupo limitado, pero nada más: no pueden acceder a estudios universitarios, terciarios y de posgrado. “Tenés que pedir turno como si fuera una universidad privada y quedás en lista de espera”, ironizó uno de los internos de la Unidad 31, que aloja actualmente a casi 200 personas.
El 24 de octubre de 2019 los Ministerios de Educación y Justicia nacionales y provinciales firmaron un convenio para implementar un Programa de Capacitación y Educación Autogestionada en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. “Pero, lamentablemente, es un elemento más que engrosa la lista de documentos y anuncios de los últimos años que nunca llegaron a convertirse en realidad”, indicó un interno consultado.
Los internos explicaron que no solo necesitan formarse para tener una salida digna cuando les llegue el momento de recuperar la libertad. También la ley de Ejecución Penal establece una reducción de la pena a medida que suman horas de formación educativa. Luego depende del criterio de cada juez, pero para alguno 100 horas equivalen a un mes de reducción de pena y para otros, 400 horas equivalen al mismo beneficio. “El punto central es resolver las dificultades de los presos, darles trabajo y estudio y sobre todo las herramientas. Hoy tenemos skype, podríamos estudiar. Y sin embargo, no nos dejan”, remarcó uno de las personas privadas de la libertad.
El acceso a la educación es fundamental para tener una vida mas libre de violencias y para poder mirar al futuro con otras expectativas.